por La Tercera
27 de agosto de 2025
Luego de que la Subsecretaría de Seguridad Pública diera luz verde para que Carabineros compre Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT) -conocidos popularmente como pistolas taser, por la marca que las comercializa- el ministro del sector, Luis Cordero, aclaró cómo se comenzarán a utilizar estas nuevas armas menos letales.
Dichos dispositivos, que partirán como un piloto de Carabineros, no solo se utilizarán en casos por delito de violencia intrafamiliar sino que el Ejecutivo aclaró que podrán emplearse en cualquier situación en la que, según la policía uniformada, su uso esté técnicamente justificado.
"No es que sea exclusivamente para violencia intrafamiliar. Los que hacen esa interpretación no han leído los documentos“, explicó Cordero en entrevista con el medio regional Mi Radio TV de Coquimbo.
El titular de la cartera de Seguridad Pública aseguró que “inicialmente nace con el piloto de violencia intrafamiliar, pero Carabineros lo va a ir ampliando y lo va a aplicar en los casos en que ellos técnicamente consideren que es adecuado“.
Según Cordero este tipo de pistolas, el ser de alto costo, deben utilizarse en situaciones en que el costo-beneficio sea útil para el procedimiento. Más aún cuando, de acuerdo al ministro, este tipo de pistolas no se pueden utilizar en cualquier situación.
“Se suele ejemplificar con violencia intrafamiliar porque es un tipo de procedimiento en que el policía actúa regularmente en un espacio reducido, con un sujeto que no reacciona a las órdenes y que no actúa racionalmente. Típicamente es el ejemplo donde se busca lograr la inmovilización. ¿Es el único caso? No. Se puede extender a otros. Se tienen que utilizar en aquellos casos donde Carabineros técnicamente evalúe que es lo indicado“, añadió Cordero.
Pistolas controvertidas
La adquisición de estos dispositivos abrió un debate sobre qué tipo de funcionarios pueden utilizarlos y en qué contextos. Más aún cuando el Senado está tramitando la ley de seguridad municipal y los senadores han dado luz verde a indicaciones para que, a través de decretos del Presidente de la República, se pueda autorizar a inspectores de seguridad municipal a que puedan usarlas siempre y cuando pasen por dos años de formación.
En medio de esta disputa por habilitar este tipo de pistolas inmovilizadoras, el gobernador metropolitano Claudio Orrego incentivó la iniciativa.
“Celebramos la autorización de las taser, pero creemos que limitar su uso solo a casos de VIF es insuficiente. Le ofrecemos al gobierno nuestra colaboración en su adquisición, pero necesitamos un piloto más amplio”, aseguró Orrego a través de la red social X.
En el mundo político también hubo reacciones. El diputado Andrés Longton (RN) valoró que el gobierno haya permitido que Carabineros compre este tipo de dispositivos. “Es una buena señal de que al fin el gobierno haya renunciado a esos sesgos ideológicos que lo habían acompañado hasta ahora respecto a estas armas menos letales que son fundamentales para que Carabineros no tenga siempre que pasar del bastón retráctil al arma de fuego y pueda en distintas situaciones de orden público utilizar estas armas taser para efectos de reducir a delincuentes”, aseguró el parlamentario que integra la Comisión de Seguridad.
Sin embargo, en el oficialismo hay voces que dudan de avanzar en esta línea. Una de ella es la diputada Lorena Fries (FA) quien también integra la Comisión de Seguridad. La parlamentaria ofició al gobierno para saber qué protocolos hay sobre el uso de estos dispositivos, cómo será la capacitación, la cantidad de pistolas que se han adquirido y para qué se usarán. “Estas armas tienen usos limitados y jamás deben usarse para control del orden público”, dijo Fries.
El tema también mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Comité para la Prevención de la Tortura. En el último informe anual de dicho comité se consignó, entre otras cosas, que el Estado debe regular “de manera clara el uso de estos armamentos, y establecer mecanismos de supervisión, particularmente en contextos donde las personas se encuentran en situaciones de especial indefensión ante los agentes de seguridad”.
