En medio de la controversia generada por los hallazgos del informe de la Contraloría General de la República, que reveló que cerca de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico, surge una interrogante central: ¿cuál es el costo estimado de este tipo de fraude para el sistema de salud?

Natalia Yankovic, académica de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (UANDES), explicó que calcular el daño económico con precisión es complejo, ya que, en primer lugar, es necesario identificar todos los permisos fraudulentos.

Sin embargo, según estimaciones asociadas a casos recientes, se calcula que hasta un 20 % de todas las licencias médicas podrían ser fraudulentas, lo que equivaldría a unos 600 millones de dólares anuales. “Estas cifras nos dan una cota inferior del costo del problema”, sostuvo la experta.

A juicio de Yankovic, este escándalo debería abrir la discusión sobre la necesidad de separar la gestión de las licencias médicas de las aseguradoras de salud. Además, aclaró que es muy difícil establecer una relación directa entre el precio de los planes de salud y el uso de licencias médicas, y que este problema se hace más complejo cuando se consideran aquellas de origen fraudulento.

“Esto es especialmente importante en el caso de Fonasa, donde es difícil imaginar cambios al 7 % de cotización obligatoria, y donde el nivel de control es menor. En Fonasa, alrededor del 9% de las licencias son rechazadas en primera instancia, mientras que en las Isapres ese porcentaje llega al 25 %”, precisó.

¿Cómo evitar nuevos fraudes?

La académica también se refirió a posibles estrategias de fiscalización que permitirían reducir la emisión irregular de licencias sin afectar el acceso legítimo a la atención de salud.

En primer lugar, comentó que la supervisión hasta ahora se ha centrado en los médicos que emiten un número anormalmente alto de licencias. Pero advirtió que eso no basta: “Como se trata de un mercado, hay que enfocarse tanto en quienes venden licencias como en quienes engañan al médico para obtener descanso laboral”.

Una de las medidas que considera clave es mejorar el acceso a información clínica para los médicos. En esa línea, citó un estudio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el cual demostró que cuando los profesionales de salud pueden consultar en línea y en tiempo real el historial médico y de licencias de un paciente, la toma de decisiones mejora considerablemente. Según ese estudio, esta medida permitiría evitar abusos reiterados y generar un ahorro estimado de 100 millones de dólares al año.

Yankovic también propuso equiparar el costo personal del uso de licencias médicas entre empleados públicos y privados, considerando que en el primer grupo el uso de licencias es casi tres veces mayor.

Finalmente, recalcó la importancia de usar datos para detectar patrones irregulares, tanto en la emisión como en el uso de licencias. “Eso ayudaría a reducir la sensación de impunidad que existe en torno a este ‘derecho’ que muchos trabajadores chilenos consideran automático”, concluyó.