por La Tercera
2 de julio de 2025
Apenas 1,4 millones de personas concurrieron a votar en las últimas primarias -en este caso de los partidos del oficialismo-, pero aun así el país se vio semiparalizado, producto de las restricciones que rigen durante una jornada electoral. Así, por ejemplo, más de 2 mil establecimientos escolares fueron utilizados como recintos de votación, y si bien varios de estos ya se encontraban cerrados debido a las vacaciones de invierno, hay algunas regiones que aún no inician dicho período de descanso, lo que obligó a la pérdida de clases que posteriormente no serán recuperadas.
También más de 300 centros comerciales debieron cerrar sus puertas durante la primaria, ello en virtud de lo que establece la ley electoral, según la cual existe obligación de cierre del comercio en establecimientos administrados bajo una misma razón social, como malls, stripcenters, caracoles y galerías. Ello, tal como ha advertido la Cámara Nacional de Comercio y otras asociaciones gremiales, genera fuertes pérdidas para el sector y también para los propios trabajadores, que con estas prohibiciones dejan de recibir sus respectivas comisiones.
La norma electoral también establece a partir de 2016 una veda o blackout para las encuestas durante un período de 15 días previo al acto electoral, una prohibición no solo completamente absurda, tomando en cuenta que igualmente se siguen haciendo sondeos, cuyos resultados circulan informalmente por redes sociales o whatsapp -con el agravante de que al no poder ser publicados formalmente hay menos chances de poder contrarrestarlos-, sino que también cabe considerar sus implicancias relativas a la afectación de la libertad de expresión y el derecho a informar.
Los aspectos antes referidos dan cuenta de que, cada vez que hay una jornada electoral, incluso cuando se trata de un evento voluntario como es el caso de una primaria, la normalidad en el país se ve seriamente afectada, representando un alto costo para la economía, además de otras implicancias para la sociedad.
Es tiempo de racionalizar estas restricciones, de modo que la marcha del país se vea lo menos afectada posible. Ya se dio un primer paso el año pasado cuando se suprimió la “ley seca”, pero cabe preguntarse por la pertinencia de que parte del comercio deba cerrar, cuando ya existen normas que permiten a los trabajadores cumplir con su deber cívico. Lo que vimos el domingo pasado, donde pese a este cierre del comercio igualmente concurrió muy poca gente a votar, demuestra que es una restricción sin sentido.
Es fundamental velar para que los colegios puedan funcionar con la mayor normalidad posible. En ese orden de cosas, cabe analizar si bastaría con ocupar una parte de las instalaciones -de modo que no sea necesario cerrar todo el colegio-, lo que se podría ver facilitado si se permitiera sufragar sábado y domingo.
Y en materia de encuestas, si el temor es que la población pueda ser manipulada por sondeos interesados, una alternativa es que las encuestadores deban registrar sus metodologías, aunque la mejor manera de prevenirlo es que pueda existir una deliberación pública sobre sus resultados. Por lo demás, una veda de 15 días se ubica entre las más extensas del mundo; de estimarse necesario un umbral, entonces deberíamos acercarnos a los estándares de algunos países europeos, que establecen seis días de bloqueo o incluso menos.
