por elmostrador
5 de julio de 2025
Señor Director:
En la ley antiterrorista recientemente aprobada, se incorporó el uso de dispositivos IMSI Catcher, que interceptan todas las comunicaciones móviles, permiten la geolocalización y el acceso a los datos de todas las personas dentro de su radio de acción, sin distinguir entre investigadas o no. Pese a su clara afectación al derecho a la privacidad y a que no cumple con los estándares del test de proporcionalidad, varios sectores políticos defendieron firmemente su implementación.
Hoy, frente al proyecto que crea un subsistema de inteligencia económica y que propone otorgar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –organismo que previene delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo– la facultad de solicitar, de forma excepcional y sin orden judicial, información bancaria en ciertos casos específicos, como operaciones sospechosas de funcionarios públicos, esos mismos sectores reaccionan con recelo y preocupación desmedida.
¿Se trata de una defensa coherente de los derechos fundamentales, o de una conveniencia circunstancial?
Luis Felipe Parraguez Fernández
Abogado
