por La Tercera
13 de julio de 2025
A más de una semana de la detención de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por su vinculación al tráfico de drogas a través del aeródromo militar de Iquique, el abogado Marcelo Rocha, defensa del excabo primero Mauricio Ponce, planteó una serie de críticas al proceso y sostuvo que su representado ha sido involucrado en los hechos solo a partir de declaraciones de otros coimputados.
El caso involucra a cinco funcionarios de la Iª Brigada Aérea de Iquique, dados de baja, quienes intentaron trasladar ketamina a Santiago desde la Base Los Cóndores, en un avión institucional.
En conversación con CHV Noticias, Rocha defendió a a su representado, sosteniendo que “lo que hemos podido ver es que la evidencia que vincularía a mi defendido son meros dichos que habrían sostenido otros coimputados”, agregando que este “no fue sorprendido portando valijas con sustancias controladas, ni drogas, dinero, joyas o vehículos de alta gama”.
Asimismo, sostuvo además que Ponce “no participa del vuelo” investigado y que fue vinculado al caso luego de que un coimputado lo mencionara como la persona que habría “formulado el encargo” de droga.
Por otro lado, el abogado explicó que para la familia de Ponce fue “reparador” conocer su estado procesal, apuntando a una serie de inconsistencias y eventuales irregularidades en la comunicación con la Fiscalía de Aviación.
“Me decían primero que había que presentarse en Iquique, luego que él ya tenía abogado en la causa, y después que no me podían certificar que estuviese detenido allí. Eso me pareció gravísimo”, aseguró
En esa línea, el defensor cuestionó el actuar inicial del sistema judicial militar, deslizando que “aquí se pudo haber realizado diligencias investigativas que vulneraron derechos de las personas que en un tribunal civil no te lo van a aceptar”.
Rocha incluso advirtió que “lo que se puede haber hecho estos días está viciado desde el punto de vista del respeto a las garantías constitucionales, y podría haber contaminado la investigación”.
“El derecho de defensa jurídica y el estatuto de los derechos del imputado se tiene que cumplir siempre, independiente de lo que a usted le puedan acreditar en participación a un hecho investigado. Exigirle a los particulares que cumplan las normas desde la autoridad no puede hacerse vulnerando las mismas normas”, sentenció.
