La Corte Suprema abrió este miércoles formalmente un proceso de remoción en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero, en medio de un caso que involucra comunicaciones con el influyente abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios.

El procedimiento se activó oficialmente el 26 de agosto, cuando el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco Herrera, firmó la resolución que da inicio al cuaderno de remoción, una herramienta excepcional dentro del Poder Judicial que podría terminar con la salida definitiva de Sabaj del cargo.

Sanción previa y rechazo a apelación

El día anterior, el Pleno de la Corte Suprema rechazó la apelación presentada por la ministra y confirmó la medida disciplinaria impuesta previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago: cuatro meses de suspensión de sus funciones.

Esta sanción se basa en un sumario iniciado tras la difusión de un reportaje por The Clinic, que reveló una serie de mensajes entre Sabaj y Hermosilla, donde se discutían gestiones para consolidar su nombramiento y presuntas ayudas a favor del penalista.

En los mensajes, Hermosilla supuestamente habría intervenido para facilitar su ascenso en el Poder Judicial, mientras Sabaj, por su parte, ofrecía ciertos favores judiciales.

Tras esta revelación, la Corte de Apelaciones instruyó una investigación interna, la que culminó con la sanción disciplinaria confirmada esta semana. Ahora, el proceso podría escalar aún más con su eventual remoción.

Notificación y plazos

Este miércoles 27 de agosto, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, notificó oficialmente a la magistrada del inicio del procedimiento.

A partir de esa fecha, Sabaj tiene cinco días hábiles para presentar un informe de descargos. Tras ello, el presidente de la Corte deberá citar a audiencia de Pleno, donde se escucharán los alegatos antes de adoptar una decisión definitiva sobre su permanencia en el Poder Judicial.

Fundamentos de la Corte

La resolución que abrió el cuaderno de remoción se ampara en los artículos 82 de la Constitución Política y 540 del Código Orgánico de Tribunales, que otorgan a la Corte Suprema facultades disciplinarias y correccionales sobre todos los jueces del país.

En el documento se señala que, “atendida la gravedad de los hechos reseñados en el aludido reportaje”, se ordena la suspensión inmediata de las funciones judiciales de Sabaj durante la tramitación del proceso.