La gran guía de la prohibición del móvil en los colegios de España: qué se puede y qué no en cada comunidad autónoma

Uno de los debates educativos de los últimos años gira en torno al uso del móvil en centros escolares. Casi dos años después de la primera propuesta del Gobierno, pocas dudas quedan sobre su veto de las aulas del país, más allá de algunos estudios que no demuestran claros beneficios. En cambio, las conclusiones en el contexto europeo sí invitan a pensar en una mejoría del rendimiento académico.

Sea como sea, es competencia de las Comunidades Autónomas adaptar en su territorio las recomendaciones estatales, algo que ya hemos visto en toda España. Eso sí, existen variaciones en las normativas que implican diferentes restricciones para cada etapa educativa y tipo de dispositivo. En este artículo, aclararemos qué dice cada región sobre la prohibición del smartphone en clase.

El mapa de la prohibición del móvil

Antes de la ola regulatoria de 2024, varias comunidades autónomas ya habían tomado la iniciativa, estableciendo marcos normativos que sentaron precedentes y han influido notablemente en el debate y las políticas posteriores en el resto del país. A modo de resumen, dejamos una tabla con el marco regulatorio actual.

El panorama regulatorio en España sobre el uso de los móviles en las aulas se ha desarrollado en varias fases: comenzaron comunidades pioneras como Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Estas zonas, actuando antes del impulso nacional, establecieron marcos normativos que son modelo. Por ejemplo, la primera de estas integró la prohibición en una ley de protección a la infancia. Galicia, por otro lado, evolucionó desde la prohibición en el aula a la restricción total durante la jornada escolar.

A raíz de la citada recomendación del Ministerio de Educación a principios de 2024, otras muchas se sumaron: Andalucía, Aragón, Extremadura o Murcia implementaron normativas que prohíben el uso de dispositivos durante la totalidad de la jornada escolar, abarcando más que las clases, como los comedores o actividades extraescolares.

Las excepciones, muy contadas, suelen aludir a fines pedagógicos explícitos y supervisados por un docente, o por razones de salud debidamente acreditadas. Este enfoque nos deja algo claro: el objetivo de los vetos no solo es mejorar el rendimiento académico, sino fomentar la interacción social y atajar problemas de convivencia.

Un último grupo más rezagado, de regiones como el País Vasco, La Rioja o Navarra, ha optado por un modelo de "regulación delegada". En lugar de una prohibición desde arriba, se obliga a cada centro educativo a desarrollar y aprobar su propia normativa. Sin embargo, la tendencia general, incluyendo a estas zonas, es hacia una mayor restricción que acompañe al resto.

Normativas actualizadas

• Andalucía: Instrucción 1/2024, de 4 de diciembre de 2023
• Aragón: Orden de 11 de enero de 2024
• Asturias: Resolución de 12 de febrero de 2024
• Illes Balears: Orden 12/2025, de 7 de mayo
• Canarias: Resolución de la Viceconsejería de Educación de 21 de febrero de 2024
• Cantabria: Instrucciones para el curso 2024-2025 (a la espera de una Orden definitiva).
• Castilla y León: No existe norma autonómica; se regula en el Plan de Convivencia de cada centro.
• Castilla-La Mancha: Orden 140/2024, de 28 de agosto
• Cataluña: Documento de orientaciones (Enero 2024) (a la espera de una prohibición total para 2025-2026).
• Comunidad de Madrid: Decreto 60/2020 y nuevo Decreto de abril de 2025 que amplía la regulación.
• Comunidad Foral de Navarra: No existe norma actual; se regulará en un futuro Decreto Foral de Convivencia.
• Comunitat Valenciana: Resolución de 17 de abril de 2024
• Extremadura: INSTRUCCIÓN n.º 3/2024, de 1 de marzo de 2024
• Galicia: Decreto 8/2015, de 8 de enero y Protocolo de actuación de enero de 2024.
• La Rioja: No existe norma autonómica; se regula por autonomía de centro.
• País Vasco: Instrucción de 18 de enero de 2024
• Región de Murcia: Instrucciones de 3 de enero de 2024
• Ceuta y Melilla: Instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación (Enero 2024)

¿Por qué ahora? Las claves detrás del consenso para apartar los móviles de las aulas

La prohibición del smartphone en las aulas lleva tiempo siendo un debate, aunque este casi ha finalizado: la inmensa mayoría de Comunidades Autónomas han restringido su uso, primero en las etapas más tempranas, y paulatinamente en las superiores.

Uno de los factores que más han influido en la implantación de estas medidas es la caída del rendimiento académico: docentes aluden a falta de concentración, sobre todo, dada la multitarea constante que fomenta el móvil. También la salud mental se considera como factor crítico, dados los casos de ciberacoso a través de redes sociales.

Por supuesto, las familias, ante estos casos, han tenido un papel muy activo, incluso formando asociaciones en contra. Y no solo criticando al móvil, sino también a servicios como las 'Google Apps'. También asociaciones de padres y madres luchan contra algo imposible de evitar: caer en la presión social de dar un móvil a un menor.

El fracaso del "dejar hacer" provocó el debate: la permisividad inicial y la falta de una norma clara generó problemas que ahora se intentan atajar de una manera más radical. Sin embargo, esto choca con otros países europeos como Estonia, donde fomentan un uso educativo centrado en la Inteligencia Artificial.

En nuestro país, todo empezó con la recomendación unánime del Consejo Escolar del Estado, máximo órgano consultivo y de participación de la comunidad educativa, que abogó por una prohibición explícita de los teléfonos móviles en las etapas de Educación Infantil y Primaria, y una restricción rigurosa en Secundaria.

Esta directriz fue acogida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en una reunión clave celebrada a inicios de 2024. En aquel entonces, se propuso un marco de mínimos que sirviera de guía para todo el territorio nacional. Si bien esta iniciativa no tenía carácter impositivo debido al reparto competencial (educación corresponde a las CC.AA.), actuó como un catalizador.

Sucedió un efecto dominó, donde numerosas administraciones autonómicas, que hasta entonces mantenían una postura de delegación en los centros, procedieron a emitir instrucciones, órdenes o decretos en los meses posteriores. Así, nació una narrativa regulatoria que se articula en torno a una tensión fundamental: la necesidad de prohibir para proteger y el imperativo de educar para integrar.

Imagen: RDNE Stock project en Pexels

Tras analizar las normativas autonómicas, vemos principalmente, tres modelos de actuación:

• Regulación Estricta: comunidades que han optado por una prohibición generalizada durante toda la jornada escolar, incluyendo recreos y actividades extraescolares, con excepciones muy tasadas y justificadas.
• Regulación Flexible: aquellas que, si bien establecen una norma general restrictiva, definen con mayor detalle las condiciones para el uso pedagógico y otorgan un papel relevante al proyecto educativo de cada centro para su contextualización.
• Autonomía de Centro: un modelo donde la consejería emite recomendaciones o instrucciones generales, pero delega la responsabilidad final de la regulación en los propios centros educativos a través de sus normativas internas de organización y convivencia.

Además, esta prohibición del móvil, se ha extendido a otros dispositivos digitales de uso individual, como suceden en la Comunidad de Madrid. Así, se incluyen tablets, relojes inteligentes y portátiles personales: porque la distracción y el aislamiento en las aulas no solo depende del teléfono, sino de las pantallas.

En la actualidad, el debate se está desplazando hacia los siguientes pasos: garantizar la seguridad jurídica del profesorado, ofrecer formación digital de calidad y fomentar la corresponsabilidad de las familias para crear un ecosistema digital coherente para los menores.

No es solo el móvil: la letra pequeña sobre smartwatches, tablets y otros dispositivos

Con la diversificación de la tecnología en todo tipo de dispositivos, las regulaciones educativas se han visto obligadas a evolucionar más allá del smartphone. Como hemos visto, una prohibición centrada exclusivamente en el móvil dejaría vacíos legales, diluyendo el propósito de la norma. Así, varias de las más recientes y exhaustivas incluyen una "letra pequeña" que aborda otros dispositivos capaces de generar distracciones o facilitar comunicaciones no supervisadas por docentes.

Imagen: Taylor Flowe (Unsplash)

El smartwatch es, uno de los que más controversia genera: recibe notificaciones, mensajes e incluso llamadas, algo que lo convierte en un dispositivo similar al teléfono. Las regiones más previsoras lo nombran explícitamente en sus normativas: Extremadura es una de las más claras en su instrucción. Sin embargo, la mayoría de centros educativos interpretan que estos dispositivos están igualmente vetados durante la jornada escolar.

A diferencia de móviles y relojes, las tablets y ordenadores portátiles reciben un tratamiento distinto, ya que su rol en el aula está más consolidado como herramienta pedagógica. Hay dos factores clave en esto: la propiedad y el control. Mientras que el smartphone es personal, las tablets suelen ser propiedad del centro y están sujetas a un software de control parental. Madrid, por poner un ejemplo, contempla su uso para leer o escribir, algo que demuestra que el debate ya no es sobre el dispositivo en sí.

Las zonas grises aparecen en comunidades que han optado por el modelo de autonomía de centro. Navarra, hasta su nuevo decreto, no detalla qué dispositivos están prohibidos: cada colegio o centro debe crear su propio reglamento. En esencia, deja un mosaico de reglas, donde un centro puede haber prohibido explícitamente los relojes y en otro cercano puede no haberlo hecho.

La excepción que confirma la regla: cuándo sí se puede usar el móvil en clase

El veto al móvil, lejos de ser una cruzada contra la tecnología, tiene como objetivo garantizar un entorno de aprendizaje adecuado. Es por ello que ninguna prohibición es absoluta: todas las normativas contemplan excepciones bien definidas que permiten su uso en circunstancias justificadas.

Imagen: Ron Lach en Pexels

Una de las excepciones más comunes es la del uso pedagógico supervisado. Es decir, que el móvil o la tablet personal se conviertan en una herramienta de aprendizaje cuando está integrado en una actividad didáctica concreta y dirigida por un docente. Ejemplos de esto son actividades con servicios digitales como Kahoot!, el uso de la realidad aumentada para visualizar conceptos o la grabación de un vídeo para proyectos de clase.

Y la excepción más importante, parte de una perspectiva humana e inclusiva: las normativas protegen al alumnado que, por razones médicas, necesita un dispositivo para monitorizar su estado de salud. El caso más citado es el de los estudiantes con diabetes, también los alumnos con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) cuya comunicación mejora con el uso de estos dispositivos.

En estos casos, no basta la palabra del alumnado: la familia debe solicitarlo formalmente a la dirección del centro, aportando la documentación pertinente que acredite dicha necesidad. Será entonces, cuando se permitirá como excepción un smartphone u otro dispositivo análogo.

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La noticia La gran guía de la prohibición del móvil en los colegios de España: qué se puede y qué no en cada comunidad autónoma fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .