Los derechos humanos de las personas refugiadas

El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Refugiados, ocasión propicia para reflexionar con mayor detenimiento en torno a los desafíos y retos que enfrentan quienes huyen de sus países en búsqueda de protección internacional.

La fecha se dio este año en un escenario global y regional de crecientes ataques a la garantía del derecho humano a buscar asilo, en contraste con una realidad en la que proliferan crisis políticas y económicas que expulsan a millones de sus hogares.

En el contexto actual cada vez más personas migran forzadamente de sus países como mecanismo para salvaguardar sus derechos más básicos, incluyendo la vida, la salud y la alimentación. Sin embargo, las posibilidades de hacer realidad el derecho al asilo se restringe y limita, al tiempo que en los países de acogida se profundizan tendencias regresivas en el reconocimiento y acceso a los derechos, tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales, por parte de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Pese a la importancia histórica del asilo para Chile, el país lamentablemente no está ajeno a estas tendencias. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales al Estado en 2024, advirtió del deterioro de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado y para la identificación de las necesidades de protección internacional, incluidas barreras de acceso y la posibilidad de rechazo en la frontera sin el debido respeto al principio de no devolución.

Asimismo, pronunciamientos del Comité de Trabajadores Migratorios y del Comité contra la Discriminación Racial de años recientes han alertado sobre el sostenido aumento en el rechazo de las personas extranjeras, incluyendo solicitantes de asilo y refugiadas, y han expresado su preocupación por la criminalización de las personas migrantes en situación irregular, muchas de ellas solicitantes de asilo de nacionalidad haitiana y venezolana.

A este respecto, es relevante una resolución de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que expresó con claridad que, dada la grave situación política, económica y social en Venezuela en los últimos años, existe una grave y compleja crisis de migración forzada. En otras palabras, como lo reconoce la Comisión, gran número de población venezolana se ha visto obligada a salir de su país como estrategia de supervivencia. Por ello, exhortó a los Estados a garantizar que las personas venezolanas que se han visto forzadas a ir a otros países obtengan la protección que requieren, y recordó el deber de no criminalizar la migración, evitando el cierre de fronteras, la penalización del ingreso irregular y los discursos de odio.

La protección de los derechos humanos de las personas extranjeras no solo es una obligación legal de los Estados, es también un deber moral y una herramienta eficaz para promover la cohesión social y asegurar la inclusión.

En la región, la experiencia de Venezuela ha posibilitado la adopción de políticas de acogida y protección que, aunque ciertamente no exentas de dificultades, dan un sentido de esperanza. Es posible contar con sistemas sólidos que garanticen el derecho humano a buscar asilo y también con políticas que respondan al desplazamiento forzado y protejan los derechos humanos, tanto de quienes huyen como de aquellos que los reciben en los países de acogida.