Nuevas aristas sobre la causa judicial que involucra al diputado Joaquín Lavín León, y que lo vincula a una serie de presuntas irregularidades que incluyen fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, fueron reveladas este viernes.

En medio de la indagatoria, el Ministerio Público ha solicitado el desafuero del parlamentario a través de una solicitud formal, ingresada por la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en un intento por avanzar con una formalización y medidas cautelares contra Lavín Jr.

Según consignó La Tercera, en el centro del caso se encuentra la plataforma digital Socialtazk, creada con recursos públicos y presentada como una herramienta de apoyo parlamentario.

Sin embargo, Fiscalía sostiene que su uso fue desviado para fines personales, políticos y comerciales, ya que la aplicación habría sido ofrecida gratuitamente a decenas de candidatos de la UDI durante campañas municipales, a cambio de sus bases de datos con información sensible de la ciudadanía.

El argumento del Ministerio Público

En concreto, la acusación señala que Socialtazk fue promovida directamente por Lavín entre 2020 y 2021, y que los fondos para su desarrollo y funcionamiento provinieron íntegramente del Congreso.

La empresa detrás de la aplicación, Modo74, tiene como representante legal al hermano del diputado, Juan Pablo Lavín, mientras que otra hermana también figura con participación en la sociedad.

La Fiscalía plantea que la plataforma no solo fue utilizada con fines electorales, sino que también generó beneficios económicos para el círculo familiar de Lavín, lo que agrava su responsabilidad penal.

Testigos clave y uso de datos personales

Entre los testigos que respaldan la acusación está Aliro Caimapo, excandidato a alcalde de Ancud, quien declaró que el propio Lavín le ofreció el uso de Socialtazk para su campaña, sin costo, pero solicitando a cambio bases de datos locales.

La propuesta, según el testimonio, incluía el envío masivo de mensajes de campaña financiados con fondos fiscales.

El escrito de la Fiscalía detalla que los asesores parlamentarios del diputado fueron instruidos para cargar y validar estas bases de datos dentro de su horario laboral en el Congreso, generando un perjuicio fiscal que asciende a más de $93 millones.

Las tareas incluían contactar telefónicamente a los candidatos, capacitarlos en el uso de la plataforma e informar de sus avances al equipo del legislador.

Vínculos con la Municipalidad de Maipú y nuevas aristas

El Ministerio Público también expone un posible delito de tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, durante la administración de Cathy Barriga, esposa del diputado.

Correos y mensajes analizados por la Fiscalía demostrarían que Lavín intervino en decisiones administrativas, aprovechando su rol parlamentario y su vínculo con la exalcaldesa para influir en contratos municipales.

Rendiciones irregulares por más de $104 millones

Otro punto crítico de la acusación tiene que ver con la rendición de gastos ante el Congreso.

De acuerdo con la investigación, Lavín presentó facturas ideológicamente falsas durante casi una década, solicitando reembolsos por gastos ajenos a su labor legislativa.

La Fiscalía estima que estas operaciones irregulares causaron un daño fiscal de al menos $104 millones, dinero que habría sido usado para campañas y actividades partidarias.

La Fiscalía busca formalización y prisión preventiva

Ante la gravedad de los hechos, la fiscal Parra solicitó el desafuero del parlamentario, con el fin de formalizarlo y solicitar medidas cautelares. Entre ellas, se evalúa pedir prisión preventiva.

“El diputado ha incurrido en conductas que atentan contra los principios básicos del servicio público”, señala el documento judicial, que acusa una vulneración grave de los deberes parlamentarios.