Región muestra disminución de un 23% en delitos de secuestro en 2024

Contrario a la situación a nivel país, la Región de Coquimbo presentó un descenso en el delito de secuestros en 2024, según el cuarto reporte denominado “Fenómenos Criminales” realizado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. El estudio indica que en la zona, el año pasado se presentó una disminución de un 23% en la ocurrencia de este tipo de delitos.

Cabe recordar que entre 2022 y 2023, la región experimentó un aumento de 30 % en los casos, lo que la ubicó como la quinta con mayor alza en el país, sólo por detrás de las regiones Metropolitana Sur, Ñuble, Los Ríos y Antofagasta. 

El informe, que entrega evidencia, análisis y recomendaciones basado en 6 mil casos ingresados desde 2014 a 2024, indica que este último año se produjeron 868 delitos de secuestro lo que significa un aumento de un 2,1% respecto a 2023 cuando se contabilizaron 850 delitos.

Es que desde 2022 en adelante los delitos de secuestro han ido en aumento y se han cifrado por sobre los 800 casos anuales, generando preocupación entre las autoridades e instituciones.

“En los informes previos sobre secuestros se ha identificado un incremento sostenido en la incidencia de este delito, especialmente a partir de 2022, en paralelo con el aumento de otros delitos predatorios vinculados al crimen organizado, como las extorsiones”, explica la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales tras la entrega de este informe.

Un aumento en la ocurrencia de este delito que debe entenderse como parte de la transformación del panorama delictual en Chile, agrega Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado. 

El experto indica que este cambio más profundo se caracteriza por una violencia sistemática y ejercida por estructuras más complejas y con presencia  “territorial, planificación operativa y capacidad de articulación transnacional. No se trata solo de más delitos, sino de delitos funcionales a una lógica de control zonal y expansión criminal”.

Entre los datos entregados por el reporte de la Fiscalía Nacional, se indica que de los 868 delitos de secuestro ocurridos en 2024, un 37,8% están relacionados al crimen organizado y las tipologías más frecuentes son extorsión, ajuste de cuentas, disputas entre bandas y explotación sexual.

En su mayoría (67%), estos delitos son realizados por imputados que cuentan con antecedentes penales con un promedio de 11 delitos adicionales. En promedio son tres personas que participan por secuestro. Pero, además, un 25% de los casos involucran al menos a un extranjero: un 63% son de nacionalidad venezolana y el 20% colombianos. 

Por otra parte, en el 32% de los casos se usaron armas de fuego y en el 23% armas blancas y casi en el 50% de los casos se uso un automóvil.

Según los datos a nivel nacional, en 2024 crecieron los secuestros extorsivos que representan un 21,1% de los casos y que en 2023 solo alcanzó un 14%. Mientras que el secuestro por ajuste de cuentas, deudas o venganza aumento  en un 14,7% en 2024.

PREOCUPACIÓN CONSTANTE

El seremi de Seguridad Pública, Adio González, valora este tipo de documentos e informes, como el elaborado  por el Ministerio Público porque son insumos importantes, con datos concretos que permiten tomar mejores decisiones, cuando se trata del combate al crimen organizado que ejecuta el gobierno.

Si bien en la Región de Coquimbo, según los datos registrados por el Ministerio Público se presentó una disminución de un 23% en el delito de secuestro en 2024, para el seremi eso no significa estar tranquilos

“Eso nos llama a seguir trabajando a través del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado por el reconocimiento de una problemática persistente y de alta relevancia”, explicó.

Este consejo focaliza su trabajo en el marco cultivo, que es donde se presentan la mayor cantidad de delitos asociados a secuestro, “pues entendemos los cambios observados en las dinámicas de estos grupos criminales, que cuentan con una mayor planificación, el uso instrumental de la violencia, disputas de poder e intereses delictivos”, detalla González.

 Es por ello, que se trabaja incansablemente en la articulación y coordinación de las policías y entidades especializadas. 

Por otra parte, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, ha reforzado la colaboración con la Fiscalía mediante los equipos ECOH (Equipos Contra el Crimen Organizado), creados en 2023 y que buscan incrementar la efectividad de la persecución penal, con especial énfasis en los delitos de homicidio y secuestro.

Pero también se ha invertido, señala González. Así en  2024 se invirtió más de $9.900 millones para la contratación de 252 profesionales que se incorporaron a los ECOH en 10 regiones del país, y en 2025 la inversión será de $12.197 millones, para aumentar el número de contrataciones a 314 e incorporar a otras regiones. Esto se suma a la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que busca disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, mediante una acción planificada y coordinada de las distintas instituciones del Estado.

“Este gobierno tiene plena conciencia que todos estos esfuerzos nos permitirán entregar mayor tranquilidad a las familias de nuestra región”, afirmó el seremi Aido González.

Por último, el informe reveló que en el  primer semestre de 2025 los ingresos de delitos por secuestro respecto al mismo período de 2024 disminuyeron en un 29%.

Respecto a este año la fiscalía está en proceso de investigación de diversos casos. Así por ejemplo, la fiscalía reformalizó el 18 de julio de 2025 a dos guardias por homicidio calificado ocurrido el 31 de enero de 2025, y agregó el cargo de secuestro cometido en diciembre de 2024. Se acusa que sacaron a una persona de una camioneta, la esposaron y agredieron por al menos cuatro horas. Aunque se ordenó prisión preventiva, la corte la revocó.

Por otra parte, el 15 de julio de 2025, la fiscalía de Coquimbo formalizó a cinco extranjeros por secuestro, y a algunos por tenencia ilegal de armas y receptación de un vehículo. Se encontraban en situación irregular y se investiga si pertenecen a una organización mayor. El juez ordenó prisión preventiva y fijó 50 días para la investigación.

Por último a inicios de julio de 2025, la fiscalía formalizó a un sujeto por secuestro con daños graves y delitos relacionados con armas, por hechos ocurridos el 22 de mayo y el 3 de julio de 2025 en Islón, La Serena. 

La víctima fue forzada a subir a un vehículo, golpeada y amenazada; luego logró huir. Posteriormente, se hallaron armas y municiones en la casa del imputado.