por La Tercera
23 de junio de 2025
¿Cómo hacemos para volver a confiar en nuestras instituciones, en nuestros líderes y en las reglas del juego básicas, que suponemos son compartidas por una gran mayoría? Quizás esta sea hoy la pregunta sin respuesta más importante para el futuro de Chile, su estabilidad democrática y su desarrollo sostenible, de la cual nadie se está haciendo cargo, ni siquiera los aspirantes a dirigir el país a partir de marzo de 2026.
Los entornos de baja confianza no solo dañan la cohesión social, sino que afectan directamente el bienestar de las personas, ya que limitan la capacidad de gobiernos, organizaciones y empresas para funcionar y responder de manera efectiva a los desafíos y expectativas de los ciudadanos. También debilitan la capacidad de diálogo y de lograr consensos sobre cuestiones fundamentales, promoviendo -por el contrario- la polarización.
La seguidilla de casos de corrupción, colusión, uso de información privilegiada, abusos, faltas a la probidad y la ética -que involucran desde fundaciones, municipios, organizaciones de diferente tipo y sectores hasta el mal uso de licencias médicas por parte de al menos 25 mil funcionarios públicos para viajar al extranjero-, son todos síntomas de que algo venimos haciendo mal, desde hace mucho tiempo.
Y las diferentes cifras así lo refrendan: la percepción de corrupción llega a un 75% (tres de cada cuatro personas piensan que hay mucha corrupción en el país) según IPSOS; sólo una de cada tres personas (30%) tiene un nivel alto o moderadamente alto de confianza en el gobierno nacional en comparación con el 39% promedio de los países OCDE, según un estudio de esta misma Organización; y según la encuesta CEP, las instituciones con menor confianza son los partidos políticos y el Congreso, a los que se suman los tribunales de justicia, el gobierno y los sindicatos.
Precisamente, uno de los determinantes clave para generar confianza pasa por reducir la percepción de corrupción y reforzar la integridad pública y privada.
En los últimos años hemos avanzado como país en la dictación de normas sobre transparencia y probidad, pero se ha abordado débilmente la integridad en la administración pública. Un claro ejemplo, es el proyecto de ley sobre probidad municipal que sigue su tramitación a paso lento, y lo mismo ocurre con la Estrategia Nacional de Integridad Pública -anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública de 2022- que registra un pobre avance de 31% de medidas cumplidas.
Pero quedarnos en un enfoque exclusivamente jurídico, que adicionalmente no avanza con la urgencia necesaria, es miope y seguirá teniendo un efecto limitado.
No nos equivoquemos con las soluciones: aplicar las máximas penas que confiere la Ley, modernizar y adecuar nuestra normativa a las nuevas realidades es esencial, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es algo mucho más profundo que simplemente modificar y modernizar la normativa. Y esto pasa por un cambio cultural a nivel país.
Lo que se requiere es una mirada integral que junto con las necesarias reformas institucionales reinstale la ética y la integridad en el centro de nuestras prioridades. Comencemos por incluirla en los currículos educativos, desde la más temprana edad. Implementemos gobiernos corporativos y códigos de conducta robustos, incluyendo el aparato público, municipios y fundaciones; sistemas de denuncia anónimos y conocidos por todos: incentivos acordes a un propósito común; y metas medibles y evaluables.
Esta una cruzada que demanda el compromiso de todos, sector público, privado, academia, expertos, ONG y sociedad civil. La ciudadanía exige una respuesta contundente e institucional frente a la corrupción y los altos grados de desconfianza, y aún tenemos la oportunidad de dar una señal potente de que como país nos estamos haciendo cargo.
