Señor director:
Mientras discutimos con razón sobre listas de espera, crisis en la salud mental y los desafíos que enfrenta la atención primaria, hay una política de salud preventiva, efectiva y con retornos comprobados que sigue siendo insuficientemente valorizada: la promoción y protección de la lactancia materna.
La evidencia científica es contundente. La lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida no solo es beneficiosa para el desarrollo físico y cognitivo de un niño o niña, sino que también reduce significativamente las probabilidades de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y crónicas como la obesidad.
Asimismo, las madres que amamantan tienen menor riesgo de cáncer de mama y ovario, y las familias reducen gastos en medicamentos y consultas. ¿Por qué, entonces, no abordamos la lactancia como una política de Estado?
En un país que declara como prioridad la primera infancia y que enfrenta dificultades crecientes en la atención primaria, invertir en lactancia materna equivale a invertir en salud pública. Esto requiere mucho más que recomendaciones clínicas. Supone garantizar condiciones laborales adecuadas para amamantar, formación continua a equipos de salud, acceso a consejerías especializadas y un entorno social que no penalice a las mujeres que optan por ejercer este derecho.
Avanzar en estas medidas no se reduce a proteger una práctica alimentaria. Supone asumir un compromiso concreto con la equidad, la prevención y el bienestar colectivo.
Mary Eugenia Gutiérrez
Directora ejecutiva
Fundación La Comunidad de la Leche