por elmostrador
18 de julio de 2025
Cada 18 de julio, la memoria colectiva argentina exige más que homenajes: exige acción sostenida del Estado, compromiso político y una ciudadanía activa.
El 18 de julio de 1994, un atentado terrorista destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, asesinando a 85 personas e hiriendo a más de 300. A más de treinta años del ataque más letal en la historia argentina en tiempos de paz, la causa sigue marcada por la impunidad. El atentado a la AMIA es hoy un símbolo doloroso, no solo de la tragedia vivida por las víctimas y sus familias, sino también de las deudas pendientes del Estado democrático con la justicia y los derechos humanos.
El responsable de dicho crimen de lesa humanidad, así calificado por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, fue Hezbollah, el atentado terrorista más grande de Latinoamérica. Sin embargo, el camino judicial ha sido largo y frustrante: el juicio por encubrimiento, la nulidad del primer proceso, y la muerte aún no esclarecida del fiscal Alberto Nisman, evidencian las profundas deficiencias institucionales que impidieron una respuesta adecuada.
En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en la falta de prevención, investigación y sanción de los hechos. En el caso Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina, el Tribunal Interamericano sostuvo que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, al no adoptar las medidas necesarias para esclarecer el atentado ni sancionar a sus autores.
Esta sentencia reafirma que la impunidad prolongada en crímenes de esta magnitud constituye, en sí misma, una violación de derechos humanos.
Frente a esta historia de impunidad, el inicio en 2025 del juicio en ausencia contra diez acusados representa un giro relevante. Ante la imposibilidad de extraditar a los acusados –sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol y que se encuentran amparados por el régimen iraní–, el Estado argentino ha optado por activar esta herramienta procesal como vía para avanzar en la responsabilidad penal individual. Se trata del primer juicio en ausencia en la historia judicial argentina desde el retorno a la democracia y marca un hito en la lucha contra el terrorismo internacional.
Este proceso judicial, sostenido por una amplia base normativa y política, constituye una respuesta institucional firme en un contexto de largo estancamiento. Representa una forma de garantizar verdad y justicia en condiciones extraordinarias, y envía un mensaje claro: los crímenes de esta gravedad no prescriben ni se archivan. El juicio en ausencia es parte de una estrategia más amplia para revertir décadas de frustración y responde, además, al mandato de justicia reafirmado por el sistema interamericano.
A 31 años del atentado, el desafío no es solo judicial, sino también político y ético. El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de continuar el proceso penal con todas las garantías del debido proceso, y de reforzar las políticas de memoria, educación y reparación a las víctimas.
El atentado a la AMIA no es solo un hecho del pasado; es una prueba viva del presente democrático, y un espejo de la capacidad institucional para enfrentar el terrorismo con herramientas del Derecho y no con resignación.
Cada 18 de julio, la memoria colectiva argentina exige más que homenajes: exige acción sostenida del Estado, compromiso político y una ciudadanía activa. Más de tres décadas después, el reclamo sigue siendo el mismo: verdad, justicia y no repetición. La democracia, en última instancia, también se mide por su capacidad para responder –aun tardíamente– a sus heridas más profundas.
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