Frío polar, cruda realidad: la deuda pendiente con las personas en situación de calle

Chile atraviesa una de las olas de frío más intensas de los últimos años. Aunque nos sorprenda, no conocemos la cantidad real de personas que viven en situación de calle. Actualmente no existe una cifra exacta. Mientras el Gobierno señala que son cerca de 20 mil personas en esta situación, organizaciones líderes en la temática apuntan a que la cifra sería el doble.

Isabel Lacalle, experta en el tema y directora ejecutiva de Corporación Nuestra Casa, estima que el número podría alcanzar las 56 mil personas. Pese a las diferencias, hay un consenso: en los últimos años, la cantidad de personas en situación de calle ha aumentado significativamente.

Esta brecha en las cifras oculta realidades diversas y urgentes que debemos abordar. Para ello, es crucial considerar: en primer lugar, que la situación de calle se problematiza hoy desde una perspectiva de seguridad pública, invisibilizando el problema estructural que la subyace.

En segundo lugar, la escasa cobertura de las ofertas disponibles para que estas personas puedan pernoctar en un lugar seguro y no morir a causa de las condiciones climáticas.

Y, en tercer lugar, la oportunidad de articular un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados integral, que permita hacerse cargo de los problemas estructurales que hoy inciden en la situación de calle.

Habitar en la calle no es una decisión personal; es un problema público multifactorial. Un número significativo de personas en esta situación vive con discapacidad intelectual o psiquiátrica. A menudo, terminan en la calle debido al fallecimiento de familiares directos o a quiebres familiares causados por fallas estructurales en los sistemas de cuidado. El consumo problemático y la violencia intrafamiliar son también causas importantes.

La escasa importancia que se le da al seguimiento de la política de salud mental, sumado a una débil red institucional, agrava este problema. Esta red no solo carece de un enfoque preventivo, sino que también falla en responsabilizarse de las personas una vez que quedan en situación de calle.

La diferencia entre las cifras y los recursos disponibles es alarmante. Si cruzamos los números expuestos con la cantidad de camas disponibles a nivel nacional para proteger a las personas en situación de calle de las bajas temperaturas, el panorama no es alentador. Las iniciativas del Gobierno disponen de 2.760 camas, mientras que el Hogar de Cristo contempla 990.

La suma de ambas da una cobertura total del 18,75% de la población en situación de calle (considerando la cifra de 20 mil personas). Si se realiza el cálculo con la cifra de Lacalle (56 mil), la cobertura sería solo del 6,6% de dicha población.

Lo anterior es alarmante, ya que en una de las oleadas más frías de los últimos inviernos en Chile, el Programa Noche Digna y el Código Azul no dan abasto. Es preocupante observar los esfuerzos que realizan tanto los equipos de las instituciones públicas como los de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Muchas de las personas que llegan a los dispositivos presentan problemas de salud mental, lo que, sumado al consumo problemático, evidencia la precariedad con la que los equipos profesionales deben hacerse cargo de una temática invisible.

Con dispositivos de salud mental saturados y la discriminación que experimentan las personas en situación de calle por no responder al perfil ideal de usuario o ciudadano, a menudo son marginados. No es que no puedan ser atendidos, sino que son los mismos profesionales quienes los invisibilizan, excluyen y perpetúan los estigmas asociados a este grupo vulnerable de la población.

Esto es preocupante, puesto que genera una tensión con el mandato de velar por la calidad de vida y el bienestar de todas las personas que acceden a dichos servicios. Surge la paradoja: ¿es para todos y todas o solo para quienes consideramos “iguales”?

El desafío a nivel estatal es grande. La calle, como ha sido levantado, socializado y proclamado por quienes trabajan en estos espacios, no es un lugar para vivir y menos aún para morir. Urge una política que se articule a través del mismo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, puesto que las personas en situación de calle, al igual que las personas en situación de dependencia, discapacidad, adultos mayores e incluso las niñeces, requieren ser apoyadas y, en los casos que corresponda, cuidadas.

El despliegue de la política de Estado en torno a los cuidados es una gran oportunidad para articular una red interinstitucional mandatada a ello. En esta deben confluir diversos actores: organizaciones de la sociedad civil, dispositivos de salud, reinserción social, instituciones vinculadas al consumo problemático, vivienda, subsidios, y programas de intervención psicosocial. Todos ellos podrían confluir en un espacio formalizado, vinculante y con una carta de navegación común.

Hoy, estos esfuerzos se levantan desde experiencias locales y desde la voluntariedad. Abordar la situación de calle es ver un problema profundo, en el que cada caso, cada tipo de necesidad y cada contexto son diferentes. Por lo tanto, difícilmente se encontrará la receta perfecta para terminar con esta situación. Solo a través de dichas experiencias será posible ejecutar acciones con un impacto significativo en la población que hoy se encuentra en la calle.

Como se mencionó al inicio, las estadísticas no son alentadoras, pues evidencian un problema público estructural del que, sin una caracterización adecuada de la población en situación de calle, es complejo generar una oferta programática pertinente que dé cobertura a las diferentes necesidades y, sobre todo, a los variados perfiles de personas que quedan en dicha situación.

Que la calle no sea un tema que solo levante atisbos de humanidad en la temporada de invierno, abordando únicamente la necesidad inmediata de pernoctar y abrigarse. La situación de calle debe ser observada como un problema estructural que hoy el Estado no logra abarcar. No olvidemos que, durante cada invierno, los sin voz son aún más silenciados, olvidados y marginados.

Finalmente, se hace necesario implementar una política pública intersectorial vinculante, formalizar una hoja de ruta compartida entre las diferentes entidades que abordan la temática y redefinir la situación de calle desde una mirada integral que incluya vínculos sociales, empleo, salud y un acceso efectivo a los derechos.