por elmostrador
17 de julio de 2025
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago denuncia irregularidades en el proceso disciplinario relacionado con sus chats con Hermosilla, y acusa conflictos de interés y falta de imparcialidad no solo por parte de la ministra Rutherford, sino también de Maritza Villadangos y Dobra Lusic.
Una defensa con acusaciones directas a colegas, cuestionamientos a la imparcialidad del proceso y una solicitud de sobreseimiento presentó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ante la Corte Suprema.
En un escrito de 40 páginas, el magistrado apeló a la sanción que lo suspendió por cuatro meses y que propone además su eventual remoción del Poder Judicial, luego de que se conocieran sus conversaciones con el expoderoso abogado Luis Hermosilla —hoy bajo arresto domiciliario—.
Ulloa sostiene que el proceso disciplinario en su contra estuvo marcado por irregularidades. En particular, de acuerdo al documento consignado este jueves por La Tercera, acusa que tanto la fiscal judicial Javiera González, quien instruyó la investigación, como los ministros que aprobaron la sanción, incurrieron en vulneraciones al debido proceso y a su presunción de inocencia. Según plantea, el fallo se habría visto influido por una “campaña comunicacional” que afectó su honra.
Uno de los puntos más sensibles del recurso apunta a eventuales conflictos de interés dentro del propio tribunal. Ulloa acusa que ministras que votaron por su suspensión —como Romy Rutherford— le habrían pedido apoyo en el pasado para sus nombramientos. Como respaldo, adjunta correos electrónicos enviados por la jueza Rutherford en 2014, en los que le remite su currículum y otros antecedentes en el marco de un proceso de designación.
También menciona a la actual relatora de la Corte Suprema, Maritza Villadangos, quien en 2012 le habría solicitado gestiones a favor de su postulación. El juez además cuestiona la participación de la ministra Dobra Lusic en el proceso, a quien atribuye una enemistad previa y acusa de no haberse inhabilitado, a pesar de —según él— tener motivos para hacerlo. Este hecho, afirma, constituye “un vicio que infringe el debido proceso”.
En relación con las conversaciones con Hermosilla, Ulloa afirma que no discutió causas jurisdiccionales ni disciplinarias antes de intervenir en ellas y que toda la información compartida fue posterior a las decisiones de la Corte. Asimismo, descarta tener una “íntima amistad” con el abogado.
Reconociendo parcialmente su conducta, el magistrado argumenta que no corresponde usar su caso como ejemplo de sanción, calificando el castigo como desproporcionado frente a prácticas que, según dice, son extendidas en el sistema. Por ello, solicita que se revoque su suspensión, se le sobresea del proceso administrativo, y que se permita la realización de alegatos ante la Corte Suprema.
