por AdnRadio
3 de julio de 2025
La pugna entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el holding Cencosud sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que el organismo decidiera recurrir a la Corte Suprema para revertir un fallo que le dio la razón a la compañía en el reclamo de una millonaria indemnización.
El caso se originó tras la expropiación parcial de un terreno donde opera uno de los supermercados Jumbo, ubicado dentro del Mall Arauco Maipú.
Esta medida fue ordenada mediante el Decreto Supremo 502, emitido el 19 de julio de 2021, como parte de las obras de ampliación a cuatro pistas de la autopista Américo Vespucio Norponiente.
De acuerdo a la versión del CDE, el Ministerio de Obras Públicas decomisó 281 metros cuadrados del predio para dar viabilidad a las obras.
Sin embargo, Cencosud decidió impugnar el monto de compensación establecido por la comisión de peritos, solicitando un pago mayor.
El tribunal civil de primera instancia acogió el reclamo y su decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones.
Frente a este escenario, el CDE busca ahora que el máximo tribunal del país revierta dicha sentencia y fije un monto menor, argumentando que se estaría pagando por encima del valor real del inmueble.
“El Fisco ya procedió a pagar ese monto a la empresa. Las sentencias de primera y segunda instancia condenan al Fisco a pagar la suma total por concepto de expropiación, monto correspondiente a 6.408 UF”, señaló el organismo.
“Es decir, que se pague un saldo extra de 1.791 UF a lo ya fue indemnizado por el Fisco”, agregó, precisando que el reclamo inicial ascendía a $132.418.600, equivalentes a 4.617,05 UF a septiembre de 2020.

En la acción presentada ante la Corte Suprema, el Consejo detalla que “la indemnización definitiva por concepto de expropiación que fijó el tribunal de primera instancia, confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones, es superior al valor de mercado del inmueble expropiado”.
Además, remarcan que la defensa del patrimonio fiscal es la motivación principal de este recurso que “busca la indemnización provisional que ya ha sido pagada a dicha empresa, de $132.418.600, o su equivalente a 4.617,05 UF a la fecha de la tasación provisional”.
El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá determinar si respalda el criterio de los tribunales inferiores o acoge la postura del CDE, en momentos en que los grandes proyectos viales en Santiago mantienen en tensión la relación entre el desarrollo urbano y los derechos de propiedad de privados.