por T13
4 de agosto de 2025
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Wilson Verdugo, imputado como autor intelectual del homicidio de José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.
La decisión fue adoptada por mayoría (dos votos contra uno) en la Sexta Sala del tribunal de alzada, que rechazó la apelación presentada por la defensa del acusado. El ministro Juan Cristóbal Mera votó en contra de la medida, mientras que sus colegas Luis Francisco Avilés y Catalina Cynthia Infante Correa respaldaron su continuidad.
Verdugo enfrenta cargos por homicidio calificado, robo con intimidación y tenencia ilegal de municiones, en el marco de un crimen ocurrido el 19 de junio pasado en Ñuñoa. Según la Fiscalía Oriente, el imputado habría pagado al menos $30 millones para encargar el asesinato, entregando a los sicarios información detallada sobre la víctima, su domicilio y sus desplazamientos.
El día del crimen, los tres coimputados -Alberto Mejía Hernández, Yonder Blanco Véliz y Neomar Arismendi Duarte- interceptaron a Reyes y a su acompañante, robándoles un sobre con dinero y disparando al empresario en tres ocasiones, provocando su muerte en el lugar.
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Los tres fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva, aunque Mejía logró salir del país tras ser liberado por error al día siguiente y cruzó la frontera hacia Perú el 12 de julio. Su paradero actual es desconocido.
La investigación también sostiene que Verdugo coordinó previamente la entrega de $9 millones en efectivo a la víctima, mantuvo contacto constante con ella y habría instruido el ataque.
La defensa del imputado, encabezada por el abogado y exfiscal Luis Inostroza, argumentó que no existen pruebas concretas que acrediten un acuerdo previo ni coordinación directa con el asesinato. Además, cuestionó la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, señalando que se basan en conjeturas y declaraciones de testigos indirectos.
Pese a estos planteamientos, la Corte consideró que los elementos recopilados hasta ahora -incluyendo tráfico telefónico, testimonios y registros de entrega de dinero- son suficientes para justificar la medida cautelar más gravosa.
El tribunal valoró la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de fuga y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación.
