“Ir al hueso del crimen organizado” es la definición que empleó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para referirse a la nueva fuerza de la Policía Federal Argentina (PFA), inspirada en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y que implica una reforma en la lucha contra el delito.
A juzgar por lo anunciado por el gobierno de Javier Milei, el bautizado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) es similar al rol que desempeña la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), aunque con menor accionar en las calles y foco en la inteligencia. Será “el corazón de la PFA”, como manifestó Bullrich.
“A partir de hoy tendremos una Policía Federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino al servicio de desarticular organizaciones criminales”, declaró el presidente trasandino durante la presentación del DFI en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la PFA, en Buenos Aires.
Según lo expresado, “la Policía Federal trabajará en la raíz del delito para eliminarlo de fondo, y no en el síntoma, con el objetivo de capturar a los que dan las órdenes y no solo a los ladronzuelos que las ejecutan”.
Y aquí la promesa -e inspiración-: el DFI será una versión criolla del tan afamado FBI de EE.UU., el aliado principal del gobierno argentino desde que asumió Milei en diciembre de 2023 y más aceitado que nunca tras la vuelta de Donald Trump.
“Pondremos a la Policía Federal en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”, celebró el dirigente libertario.
La placa oficial de cada agente del “FBI argentino” incluye un águila en actitud vigilante y el escudo nacional en el centro, coronado por las siglas DFI, un diseño que remite directamente al estilo del Buró norteamericano. Tal como se vio en la presentación, hay una renovada flota de vehículos de la Policía Federal, a los que se aplicó un ploteado “negro mate” con las siglas DFI.
La reforma de Milei para crear el “FBI argentino”
El decreto presidencial N° 383/2025, publicado el 17 de junio en el Boletín Oficial, marca un giro drástico en la estructura, el estatuto y la misión de la principal fuerza de seguridad nacional, que data de 1958.
Básicamente, la Policía Federal abandonará sus funciones compartidas con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires -el área urbana más poblada del país vecino- y dejará las calles, con el fin de convertirse en una fuerza especializada en delitos complejos, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, cibercrimen y trata de personas. Cada provincia de Argentina seguirá manteniendo su fuerza manejada por cada gobernador con recursos propios.
Uno de los pilares de la reforma es la nueva política de ingreso y formación del personal. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Bullrich, deberá lanzar un plan de incorporación exclusivo para universitarios ya graduados, tal como sucede en agencias similares del extranjero, donde los aspirantes deben contar con títulos en Derecho, Ciencias Sociales, Criminalística o áreas afines.
Un cambio llamativo es el poder de la PFA para investigar y rastrear contenido en las redes sociales. Los uniformados podrán realizar un patrullaje virtual sin autorización previa de un juez para detectar posibles delitos.
Ante las críticas de los propios usuarios, desde el gobierno de Milei aclararon que estas tareas de prevención deberán “respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad”.
Los organismos de Derechos Humanos ya pusieron la lupa sobre el punto 7 del artículo 6 del nuevo estatuto, adelantado por BioBioChile durante la semana. Allí se indica que si una persona no puede acreditar fehacientemente su identidad y existen razones fundadas para sospechar que cometió o podría cometer un delito, la Policía Federal -sin orden de un juez- va a estar autorizada a efectuar el traslado a una comisaría. Recién ahí notificará al magistrado de turno, respetando una demora que no podrá extenderse más de 10 horas, plazo máximo permitido para establecer la identidad del presunto infractor a la ley.
