El Gobierno informó este jueves que solicitó oficialmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución de la cuestionada Fundación ProCultura, investigada por una serie de irregularidades financieras en el marco del Caso Convenios.
A través de un comunicado compartido a Radio Bío Bío, el Ejecutivo señaló que el “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia y, específicamente del Departamento de Personas Jurídicas” determinó enviar la solicitud al CDE para disolver la organización fundada por Alberto Larraín.
Esto, “tras un acucioso procedimiento de fiscalización” y “en atención a antecedentes sobre eventuales irregularidades, faltas y/o delitos cometidos por la entidad, sus miembros y terceros en la administración y uso de los fondos públicos”.
“En el marco del mencionado procedimiento de fiscalización, entre otras acciones, en reiteradas ocasiones se solicitó distinto tipo de documentación a la entidad, obteniendo respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro a la fecha, de su parte“, detalla la misiva.
En ese sentido, la cartera de Justicia aseveró que se agotó la instancia para que ProCultura se pronunciara, por lo que es válido “inferir que la Fundación ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social”.
Así las cosas, “se determinó una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta“.
Por lo anterior, la entidad -fundada el 14 de mayo de 2010- infringió gravemente sus estatutos como organización sin fines de lucro (ONG), según el Ministerio de Justicia.
