El informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para Actualización de la Medición de la Pobreza, entrega un nuevo panorama de lo que sería realmente la población en situación de pobreza en Chile.
Aquello debido a que, en la misma, se utilizaron cambios en la metodología para analizar cuál es el porcentaje de población bajo pobreza en Chile.
Con ello, se pasaría de un 6,5%, tomado de la tasa de la encuesta Casen 2022, a un 22,3% oficial, si se actualiza la metodología a una más estricta, como propuso la instancia.
Si la nueva metodología también se extiende a los escenarios de 2017 y 2020, las diferencias también son considerables. De los 8,7% y 10,8%, se actualizaría a un 24,2% y 32,2%, respectivamente.
Por ende, la evolución de la población bajo la pobreza en Chile sería, según las conclusiones de la Comisión, de un 24,2% en 2017, a un 32,2% en 2020 y un 22,3% en 2022.
Actualización de las cifras de pobreza en Chile
Las conclusiones de la Comisión, constituida en diciembre de 2023 y que funcionó entre 2024 y mayo de 2025, surgieron luego de un trabajo que consideró las distintas dimensiones para medir la pobreza en nuestro país.
Es decir, educación; salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Distintas sub-comisiones analizaron estos temas, a los que se agregaron nuevos indicadores, sub-poblaciones- marco normativo y vulnerabilidad, además del análisis de la Canasta Básica de Alimentos.
Dentro de los puntos que en el informe se propone actualizar para un mejor análisis de la pobreza real en Chile, está jsutamente la canasta básica. Ello debido a que, actualmente, se usa como referencia el “primer quintil móvil que logra cubrir con sus ingresos, el requerimiento normativo de 2.000 calorías diarias por personas”.
“Este criterio pierde validez para medir la pobreza en países de ingresos medios altos, como el caso de Chile”, concluye la Comisión, agregando que en el caso de nuestro país, el problema no es el déficit de calorías, sino “el exceso, asociado a la ingesta de alimentos de mala calidad nutricional”.
Además, mientras aumentan los ingresos, se pueden adquirir alimentos para cumplir con la meta calórica, aunque “incrementos adicionales de ingresos en los hogares en el primer quintil no se traducen necesariamente en caídas de la tasa de pobreza en este caso”.
Alquileres y línea de pobreza
Otro de los problemas apunta al papel de los alquileres, señalando que este ítem, dentro del costo de la vivienda en la línea de la pobreza, no ha tenido un correcto reajuste y por ende no ha exhibido el real aumento del costo de la vivienda, subestimando la tasa de pobreza.
También advierten que el alquiler imputado es dinero que no puede ser usado para comprar otros bienes o servicios. “De este modo, existen hogares que no califican en situación de pobreza monetaria, aún cuando su ingreso monetario sea insuficiente para adquirir la canasta básica de alimentos y bienes de primera necesidad”.
Como ejemplo, afirmaron que 24 mil hogares no calificaban en situación de pobreza por ingresos en 2022, aunque no registraron ingresos monetarios y “solo haber registrado ingresos por concepto de alquiler imputado”.
Considerando estos aspectos, es que la Comisión agregó que, en base a los criterios de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 7, recolectada entre diciembre de 2011 y noviembre de 2012, se subestimó la línea y tasa de la pobreza.
Recomendaciones
Por el lado de la canasta básica, se propone adoptar el concepto de “alimentación saludable”, variante del método de la Cepal, reduciendo en la mitad las cantidades de alimentos ultraprocesados “sin que se redistribuya ese gasto en otros productos de la canasta”.
También se aconseja “no considerar el alquiler imputado en los ingresos ni en la línea de la pobreza, y en su lugar, operar con dos líneas de pobreza, una para hogares que pagan arriendo y otra para los que no pagan”.
Además, el precio del arriendo debería reajustarse sobre la evolución específica de ese precio, al contario del reajuste por IPC general no alimentario.
Por otro lado, aunque en el EPF 7 se subestimó la línea de la pobreza, en el EPF 9, levantado entre septiembre de 2021 y agosto de 2022 -y que por ende, influyó en los datos de pobreza de 2022-, esta se sobreestimó, debido a la liquidez por los retiros de pensiones y ayudas estatales-.
Así, la Comisión recomienda “no usar los datos de la EPF 9 para calcular la nueva línea de pobreza”, sino como opción, la EPF 8 ajustada por inflación.
Pobreza multidimensional
Dentro del trabajo de la Comisión, también se abordó la llamada pobreza multidimensional, entendida como aquella que incluye diversas privaciones de manera simultánea, más allá de los ingresos monetarios.
En Chile, la primera versión del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), informada en enero de 2015, consideró las dimensiones de salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Vivienda luego se amplió a vivienda y entorno, a la vez que se incorporó la dimensión de redes y cohesión social.
Con esta base de cinco dimensiones, el porcentaje de personas en pobreza multidimensional era del 20,3% en 2017 y 16,9% en 2022.
Sin embargo, ahora se propone incorporar seis nuevos indicadores. Uno de ellos es el de aprendizaje, donde un hogar se considera carente si al menos uno de sus integrantes en educación básica o media asiste a un establecimiento donde más del 50% de estudiantes clasifica en un nivel de aprendizaje insuficiente, según el SIMCE.
También se agregan los indicadores de asistencia a controles preventivos (enfocados en menores de 9 años); dependencia funcional, cuidados (donde al menos una persona no trabaja ni estudia por realizar labores de cuidados), asequibilidad (destinar más del 30% de los ingresos a arriendo o dividendo) y conectividad digital.
A su vez, recomiendan una serie de modificaciones y aplicaciones de diversos indicadores relacionados a la educación, salud, vivienda y redes-cohesión social, entre otros.
Aún con el posible cambio de paradigma que podría conllevar este informe, desde la Comisión apuntaron que en general, las actualizaciones de las mediciones de pobreza resultan en alzas de las respectivas cifras.
Por ello, apuntaron que la tasa final resultará de las opciones que eligan los organismos estatales para sus propias mediciones, y que las recomendaciones “no son vinculantes”.
