Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Oficial de Carabineros y empresario de Chillán formalizados por corrupción en la Operación Varsovia, desarticulada en 2022 por robo de autos de alta gama y maquinaria agrícola. Fiscalía acusa cohecho, soborno y enriquecimiento ilícito, revelando amistad entre ambos para beneficios mutuos. Empresario financió un encuentro social, mientras oficial habría construido casa con ingresos insuficientes. Defensas argumentan préstamos no considerados y errores en imputaciones.
Un oficial de Carabineros y un conocido empresario de Chillán, en la región de Ñuble, fueron formalizados por delitos de corrupción, entre los cuales está el cohecho, el soborno y el enriquecimiento ilícito.
La investigación se desprende de la llamada Operación Varsovia, donde la Fiscalía desbarató el 2022 una red dedicada al robo de autos de alta gama y maquinaria agrícola. De acuerdo a la investigación, había una amistad entre el civil y el uniformado, lo que les permitía obtener beneficios mutuos.
Oficial de Carabineros y empresario de Chillán formalizados por corrupción
En el caso de Hernán Ferrada para su negocio en el arriendo de maquinaria y otras actividades, mientras que el capitán Diego Torres habría obtenido recursos que, por ejemplo, le permitieron construir una casa por un valor más allá de lo que le permitían sus ingresos.
Ante el Juzgado de Garantía de Chillán, el fiscal Álvaro Serrano formuló los cargos contra el empresario y el uniformado, respecto de quienes la indagatoria ha arrojado -hasta ahora- la comisión de una serie de delitos que van desde el cohecho al soborno, el enriquecimiento ilícito, la obstrucción a la investigación y el falso testimonio.
Sin embargo, la defensa del capitán Torres, a cargo del abogado Juan Francisco Rodríguez, aseguró ante el tribunal que los cargos imputados tienen su sustento en un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que no consideró préstamos obtenidos por su cliente, aunque su sueldo y el de su pareja eran suficientes -dijo- para solventar la construcción de su vivienda.
Con relación a los pagos que supuestamente realizaba Hernán Ferrada al uniformado, y que según la Fiscalía tenían el carácter de coimas, el abogado del empresario, Cristian Manasevich, aseguró que se trata de un error porque su representado financió un encuentro social en el marco de su postulación al grupo de alguaciles.
En la audiencia, los abogados pidieron el sobreseimiento de algunos de los delitos imputados a sus clientes. Esto fue rechazado por el juez Manuel Vilches, quien decretó como cautelares el arraigo nacional y la prohibición para el oficial de contactar a miembros de la institución testigos en la causa.
