La bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó un requerimiento ante la Contraloría para que se fiscalicen las “graves irregularidades” detectadas al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, las que habrían favorecido a internos pertenecientes a “El Tren de Aragua”.
Los legisladores acusan una vulneración grave al reglamento penitenciario, y la posible participación de funcionarios públicos en la red criminal desde la cárcel, lo que podría constituir el delito de cohecho.
La solicitud fue firmada por el jefe y subjefa de bancada, Frank Sauerbaum y Carla Morales, respectivamente. Se sumaron a ellos los diputados de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, Hugo Rey y Diego Schalper; además del Presidente de la Cámara, José Miguel Castro; y Eduardo Durán, María Luisa Cordero y Jorge Durán.
Diputados RN piden sumario a Contraloría por posible cohecho en Santiago 1
Los parlamentarios advirtieron que se descubrieron “especiales condiciones de habitabilidad” para los internos mencionados, incluyendo el ingreso de elementos prohibidos como ropa de lujo, aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas, armas, explosivos y hasta un sistema eléctrico propio.
Lo anterior iría en contravención del reglamento penitenciario, y con indicios de participación o complicidad de funcionarios del recinto.
En el oficio, los diputados señalan que “todo ello ha generado asombro en la opinión pública, pero además infunde serias sospechas acerca del nivel de conocimiento y la eventual participación de funcionarios que están a cargo de la custodia de los reos”.
La denuncia advierte, además, que la existencia de estas “celdas VIP” con los elementos precisados anteriormente constituye una “vulneración directa al Decreto N° 518, que regula la tenencia de bienes, las condiciones de habitabilidad y el régimen interno en los centros penitenciarios”.
Así las cosas, el ingreso de objetos prohibidos podría configurar delitos penales como cohecho, internación ilegal de objetos y tenencia de armas en recinto penitenciario.
Los legisladores recalcan que al menos el 15,8% de la población penal actual es extranjera; muchos de ellos vinculados a redes criminales internacionales.
Advierten, además, que el sistema carcelario chileno “no sólo perpetúa el delito, sino que en muchos casos lo coordina desde el interior de los penales, lo que constituye la antítesis de todo sistema penal que por definición busca la rehabilitación de los condenados y la prevención criminal”.
De manera conjunta, los parlamentarios hicieron un llamado de atención al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por “su responsabilidad jerárquica directa sobre Gendarmería de Chile, y por no ejercer adecuadamente las atribuciones de control y disciplina que le confiere la ley”.
Finalmente, la bancada solicitó además a la Contraloría que remita los antecedentes al Ministerio Público para evaluar la apertura de investigaciones por delitos de cohecho, prevaricación u otros que pudieran configurarse, en el marco de lo que calificaron como una verdadera red de protección a organizaciones criminales dentro de las cárceles chilenas.
