por elmostrador
4 de agosto de 2025
¿Por qué las cifras de discriminación continúan siendo tan altas a pesar la existencia de una ley que la aborda y ante un aparente consenso social sobre la materia?
El pasado 24 de julio fue el aniversario de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. La norma promulgada el año 2012 supuso un avance sustancial en relación con el reconocimiento de la discriminación, regulando una problemática social fundamental de enfrentar para fortalecer nuestra democracia.
Desde la perspectiva LGBTIQ+, no podemos olvidar que la ley fue impulsada tras el brutal ataque por prejuicio que terminó con la vida del joven homosexual Daniel Zamudio en marzo de 2012, un hecho que remeció a gran parte de la sociedad chilena. No obstante, y a más de una década de su implementación, preocupa profundamente que la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género siga siendo una realidad tan dolorosamente presente.
De acuerdo con las cifras del Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+ de la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2021, el 64,3% de las personas diversas encuestadas afirmó haber experimentado discriminación ese año. A su vez, el estudio Orgullo LGBT+ 2024 de Ipsos, arrojó que el 61% de las personas encuestadas en Chile apoya la existencia de leyes que prohíban la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ en materias de empleo, vivienda, acceso a la educación, entre otros derechos sociales.
¿Por qué las cifras de discriminación continúan siendo tan altas a pesar la existencia de una ley que la aborda y ante un aparente consenso social sobre la materia? La respuesta está en que la ley 20.609 se hace cargo de la discriminación desde un enfoque exclusivamente reactivo. Es decir, la ley actual solo establece medidas cuando la discriminación ya ha ocurrido, sin establecer herramientas para prevenirla.
Por ello, urge reforzar la respuesta institucional frente a la discriminación mediante un enfoque preventivo, que permita intervenir antes de que la discriminación ocurra. Esto implica desarrollar políticas públicas permanentes que promuevan la inclusión, la educación en derechos humanos, la sensibilización social y el trabajo interinstitucional, además de mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación, entre otras.
Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a reformar la ley 20.609 incorporando un enfoque preventivo, que permita avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.
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