por elmostrador
17 de julio de 2025
Es importante subrayar que esta modernización no debilita la protección ambiental. El SEIA seguirá siendo obligatorio para proyectos con impacto significativo. Las declaraciones juradas solo aplicarán a permisos acotados y de bajo riesgo.
El pasado 1 de julio el Congreso despachó la Ley marco de permisos sectoriales, una reforma largamente anhelada, que moderniza la tramitación de 380 permisos distribuidos en 37 servicios y 16 ministerios. Su objetivo es claro: reducir la burocracia, impulsar la inversión y otorgar certeza jurídica al sector privado y a la ciudadanía.
La nueva ley incorpora herramientas clave: Ventanilla única digital, que permite la presentación y seguimiento en línea de todos los permisos; silencio administrativo positivo, donde la inacción del servicio dentro del plazo legal da por autorizado el permiso; tramitación paralela, para que los permisos dejen de gestionarse como una carrera en serie; y técnicas habilitantes alternativas, como declaraciones juradas, para 50 permisos de muy bajo riesgo.
Estas medidas permitirán reducir los plazos entre 30 % y 70 % sin disminuir estándares. Las proyecciones indican que esto podría traducirse en un aumento acumulado del PIB de hasta 2,4 % en la próxima década, además de mayor recaudación fiscal.
Para las pymes —que generan cerca de dos tercios del empleo formal en Chile— esta ley es un salto decisivo. Trámites que hoy demoran hasta ocho meses podrán resolverse en la mitad del tiempo. En la Región Metropolitana, donde se concentra cerca del 45 % de las nuevas empresas y un alto porcentaje de la inversión nacional, el impacto será aún más visible. Esta dinamización de la actividad económica impulsará la creación de empleo, especialmente en sectores como servicios, construcción, comercio minorista y tecnologías digitales.
Es importante subrayar que esta modernización no debilita la protección ambiental. El SEIA seguirá siendo obligatorio para proyectos con impacto significativo. Las declaraciones juradas solo aplicarán a permisos acotados y de bajo riesgo.
Entendemos las preocupaciones que han surgido y las abordamos con compromisos concretos: fortaleceremos la fiscalización, capacitaremos a los servicios regionales, mejoraremos la trazabilidad de expedientes y habilitaremos un módulo digital de participación ciudadana en la ventanilla única. Además, se creará una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, clave para coordinar, monitorear y mejorar continuamente el sistema.
La ley sienta las bases, pero su éxito dependerá de una implementación rigurosa: reglamentos claros, interoperabilidad de datos y funcionarios capacitados.
Chile enfrenta el desafío de crecer con agilidad, inclusión y responsabilidad ambiental. Esta ley entrega una herramienta concreta para dinamizar la economía regional, fortalecer a las pymes y generar empleos de calidad, dentro de un marco moderno y transparente.
Como Gobierno, seguiremos trabajando por un Estado que dé respuestas a tiempo y esté al servicio de su ciudadanía. Porque un Chile más productivo, justo y sustentable comienza con un Estado capaz de estar a la altura de sus desafíos.
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