por elmostrador
4 de julio de 2025
Este acuerdo a puertas cerradas deslegitima el proceso de votación de las bases y deja al gremio profundamente fracturado.
El proceso de negociación de la Agenda Corta 2025 con el Ministerio de Educación ha sido un rotundo fracaso que merece ser analizado con rigurosidad y sentido de urgencia.
Las profesoras y los profesores de Chile no pueden seguir siendo testigos de acuerdos que se construyen a espaldas de las bases, sin una conducción clara y con una dirigencia nacional que ha preferido la complacencia por sobre la firmeza en la defensa de nuestros derechos.
Mario Aguilar, quien llegó a la presidencia nacional con el discurso de levantar una dirección basada en las decisiones colectivas, hoy ha perdido ese rumbo. Su rol en esta negociación ha sido profundamente condescendiente con el Ministerio de Educación y ha desdibujado toda posibilidad de lograr avances reales para el magisterio.
La respuesta del Ministerio a nuestro petitorio es, en términos simples, insuficiente. No responde a la urgencia de las demandas docentes, y sin embargo, fue presentada por la conducción nacional como una base aceptable para cerrar el conflicto. Esto no solo es una falta de visión estratégica por parte de la dirigencia nacional, sino también un claro reflejo de su desconexión con la sala de clases, denotando nuevamente un acto de renuncia a la dignidad de la profesión docente.
A esto se suma una movilización improvisada y desorganizada. La Asamblea Nacional –constituida por más de 200 docentes– había mandatado una movilización ascendente, pero el directorio nacional optó por una salida débil, sin conducción ni horizonte. Los días 4 y 5 de junio, una multitudinaria marcha de docentes terminó en un gran acto frente al Congreso Nacional, en Valparaíso, el que estaba vacío, sin parlamentarios. Así, se dilapidó la fuerza acumulada de las bases y con ella las urgencias planteadas por las profesoras y los profesores de aula, como la Ley de Titularidad, que busca entregar estabilidad a docentes que cumplan con cierta cantidad de requisitos, o como las reformas a la Ley Nº 21.040, que crea los Servicios Locales de Educación.
Pero quizás lo más grave ha sido el proceso de consulta, que fue adelantado por el directorio nacional poco antes de las vacaciones de invierno, impidiendo una deliberación reflexiva de las bases. El proceso se realizó a la rápida, sin claridad, sin reglas públicas, en un contexto de fin de semestre con alto desgaste laboral. Aunque formalmente válido —pues el directorio nacional tiene la facultad de definir su mecanismo—, el proceso fue absolutamente ilegítimo pues no se respetó el principio histórico de “un profe, un voto”, y se optó por un conteo por comunas, que desvirtúa por completo el mandato real y democrático del profesorado.
En efecto, mientras un 65% de las bases de la Región Metropolitana optó por rechazar la propuesta del Ministerio (con voto universal), el directorio liderado por Mario Aguilar prefirió reinterpretar a su antojo el resultado, señalando que del total de 36 comunas participantes en el proceso de votación, 17 optaron por aprobar la fórmula del Mineduc y 18 por rechazarla. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la Región del Biobío, donde votaron 5.579 colegas, de los cuales un 60 % rechazó la propuesta del Ministerio. Esa mayoría fue anulada por el directorio nacional utilizando una fórmula de cómputo que declaró un “empate técnico” entre las comunas de dicha región (11 por el rechazo versus 11 por el apruebo), invisibilizando el sentir mayoritario de las bases.
Lo anterior revela la eventual existencia de una operación política del directorio nacional comandado por Mario Aguilar, cuyo objetivo es validar la propuesta del Mineduc a costa de la democracia interna y de la voluntad colectiva del gremio.
Este acuerdo a puertas cerradas deslegitima el proceso de votación de las bases y deja al gremio profundamente fracturado. Es urgente recomponer la confianza, recuperar la democracia interna y reconstruir un horizonte de lucha en defensa de la Educación Pública. El fracaso de la Agenda Corta no solo es responsabilidad del Mineduc. Es también el resultado de una conducción nacional que abandonó la lucha colectiva por cálculos mezquinos. Y frente a eso, no podemos guardar silencio.
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