por elmostrador
3 de julio de 2025
El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado disolver la Fundación ProCultura tras informe sobre irregularidades administrativas y el desvío de fondos públicos. La fundación no cumplió con los requerimientos del organismo, desviando recursos destinados a proyectos sociales.
La Fundación ProCultura y sus exfuncionarios atraviesan un complejo escenario, no solo a nivel penal, sino también administrativo, con el Gobierno tomando acciones respecto a la irregularidad en el manejo de sus fondos. Según consignó La Tercera, el Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Jaime Gajardo (PC), solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar el proceso para disolver la ONG, tras detectar varias irregularidades graves en su funcionamiento.
La solicitud de disolución se originó luego de que la fundación no cumpliera con los requerimientos solicitados por el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que realizó un procedimiento administrativo el 29 de junio de 2023. A pesar de los intentos de los funcionarios por obtener respuestas, la fundación no respondió de manera adecuada ni permitió el acceso a los domicilios registrados en su documentación. Este incumplimiento fue calificado como una infracción seria, suficiente para avanzar en el proceso de disolución.
Desvío de Fondos Públicos
Una de las irregularidades que surgieron de la investigación administrativa fue el desvío de fondos públicos. Entre los años 2018 y 2022, el 70,35% del gasto de la fundación se destinó a remuneraciones y honorarios, mientras que solo el 29,65% fue utilizado en programas y proyectos vinculados a su misión social. Este patrón fue particularmente evidente en 2022, cuando los gastos por salarios ascendieron a $1.980.841.722, mientras que los fondos destinados a proyectos sumaron solo $641.561.349.
Este desvío de recursos no solo contraviene las normas de la fundación, sino que también va en contra de sus propios estatutos. La ONG, creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, debería tener como objetivo social el beneficio público, pero la falta de coherencia entre sus fines y sus actividades ha suscitado cuestionamientos sobre el verdadero uso de los fondos.
Además del desvío de fondos, se ha identificado un patrón de alzas injustificadas en las remuneraciones de ciertos jefes de proyectos y directivos de la fundación. Entre 2018 y 2022, las remuneraciones de los fundadores y altos directivos aumentaron de manera significativa. Alberto Larraín, por ejemplo, vio su salario aumentar de $29.700.000 a $94.445.764 en ese período, acumulando un total de $267.779.612. Por su parte, Ilonka Csillag recibió $149.661.333, a pesar de que en ciertos periodos estuvo fuera de la entidad.
La situación es similar para otros miembros del equipo directivo. María Constanza Gómez, exrepresentante legal, vio un aumento de cinco veces en su salario, pasando de $950.000 en 2017 a $4.500.000 en 2022. Otros directores, como José Gatica y María Teresa Abusleme, también vieron aumentos salariales sustanciales en solo un par de años.
