Todos los hombres de Ulloa: la red de fiscales, jueces y notarios del indagado ministro de Santiago

Un laberinto, una telaraña: una red de personajes que van desde Luis Hermosilla hasta las más altas esferas del Poder Judicial. El entramado que montó el ministro Antonio Ulloa se puede ver desde distintas perspectivas, pero desde cualquiera de ellas no deja de sorprender su extensión.

Trabajando en coordinación con el propio Hermosilla durante la última administración de Sebastián Piñera, el magistrado fue parte de la estrategia de ese Gobierno para elevar jueces que fueran afines a sus principios.

Pero esa es sólo la punta del iceberg. La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó decenas de nombramientos y antecedentes sumariales que develan la real influencia de Ulloa: ayudó a ascender a cercanos de la Asociación de Magistrados, favoreció a jueces y a un notario de cuestionada reputación y contribuyó a promociones ilegales al interior del Poder Judicial.

Por si fuera poco, su participación en una sociedad limitada plantea dudas respecto de su objetividad. Impartió “justicia” en causas que involucraban directamente a dos de sus socios, un juez de Copiapó y un ex gobernador provincial.

Ninguno de estos antecedentes forman —hasta ahora— parte de los cargos en el proceso administrativo que podría terminar con su remoción de la magistratura.

El amigo de todos

Cuando en abril de 2021 Antonio Mauricio Ulloa Márquez se despidió de la Corte de Apelaciones de Copiapó, valoró sus ocho años ahí como los mejores de su carrera: “He conocido personas maravillosas. Y lo digo con sinceridad: lo que más extrañaré son las excelentes relaciones humanas que siempre han existido, la calidez de los ministros, de los funcionarios, de la administración”.

De 60 años, divorciado y con tres hijos, durante sus tres décadas y media en el tercer poder del Estado, Ulloa se ha granjeado fama de ser —aparte de un sentenciador más que competente— una persona cercana.

Siempre activo en la Asociación de Magistrados y en las fiestas del Poder Judicial, su afabilidad es hoy una de las principales excusas que dan fuera de micrófonos quienes lo conocen para las decenas de designaciones con las que está relacionado.

Tras haber pasado las primeras etapas de su carrera como juez en la región Metropolitana, Ulloa llegó a ministro en 2012, con su promoción a la corte de la región de Atacama.

—En Copiapó todos le rendían pleitesía —recuerda una funcionaria de la zona fuera de micrófono.

Fue en ese lugar donde pudo por primera vez votar en la selección de jueces y fiscales regionales. También tuvo voz y voto en sumarios.

¿Cómo utilizó ese poder? Ulloa ayudó a funcionarios con los que tenía algún grado de cercanía, pasando a veces por alto antecedentes disciplinarios en su contra, calificaciones técnicas y las mismas leyes que, como juez, juró respetar.

La podían echar y terminó ascendiendo

El destino de la jueza Gabriela Varela en el Poder Judicial pendía de un hilo en agosto de 2019. Ese mes, mientras ejercía como titular de Familia en Tomé, fue sancionada por la Corte de Apelaciones de Concepción con dos suspensiones de 30 días.

Luego de investigaciones administrativas que se prolongaron casi un año, se determinó que la jueza se había atrasado sin justificación en la dictación de sentencias y ejercido malos tratos hacia abogados e intervinientes en las causas. Aun más grave, se estableció que la magistrada había presionado indebidamente a menores de edad para que ratificaran denuncias de maltratos físicos contra sus padres.

Su caso era archiconocido en la región del Bío Bío y su nombre copó decenas de notas de prensa al respecto. Varela estaba ad portas de caer en lista deficiente y ser expulsada del Poder Judicial. Sin embargo, no sólo no fue removida, sino que ascendió con la ayuda de Ulloa.

Mientras estaba en proceso de apelación a los sumarios en su contra, se candidateó para el puesto de jueza de Familia en Copiapó. Estaba en el tercer lugar en la preselección. Un procedimiento en el que se evalúan los antecedentes curriculares de los candidatos para que luego el Pleno de la Corte tome la decisión final.

Para el concurso, a pesar de que ni siquiera concurrió a la audiencia correspondiente ante el tribunal de alzada ―excusándose con sus obligaciones en Tomé―, obtuvo los votos del ministro Ulloa y de su colega Aída Osses. Así, quedó en la terna y en febrero de 2020 fue designada con la firma del subsecretario de Justicia y ministro subrogante, Héctor Mery.

En simple, logró pasar de un puesto de quinta categoría, en un juzgado de Familia de una comuna que no era capital de provincia, a uno de tercera categoría, en una ciudad con asiento de corte. Un ascenso tan extraordinario como ilegal.

Una amiga de la gremial

Lo que para entonces no se sabía públicamente, era que Ulloa era cercano a Varela. Ambos estaban unidos por la Asociación Nacional de Magistrados.

En 2016, la jueza había sido electa directora de la gremial con la primera mayoría nacional. Y, en 2018, postularon juntos en la lista “Con los jueces y por los jueces”, liderada por Mario Carroza, actual ministro de la Corte Suprema.

La cercanía entre ambos llega a tal punto que ―según acota una alta fuente de la magistratura a BBCL Investiga― a finales del año pasado Varela estuvo entre las organizadoras de una cena de desagravio en Santiago para el ministro Ulloa. Ocurrió luego de que se archivaran por primera vez los antecedentes en su contra por sus nexos con Luis Hermosilla.

Según información recabada por esta Unidad de Investigación, el nombramiento de Varela simplemente no debió haber ocurrido. El artículo 280 del Código Orgánico de Tribunales prohíbe los saltos de categoría en el Poder Judicial. Es decir, no se puede pasar desde quinta a tercera categoría, como ocurrió en el caso de la jueza tomecina.

De acuerdo a magistrados consultados fuera de micrófono, se trata de una disposición que sólo se puede obviar si es que no hay ningún interesado que cumpla con la norma, lo que en este caso no sucedía.

Pero hay más.

El ministro contra la ley

Hasta 2019, Ubaldo Basoa Oviedo ostentaba el cargo de secretario del Cuarto Juzgado Civil de Copiapó, en quinta categoría. Aun así postuló para juez de Garantía de la misma ciudad, cargo de tercera categoría.

Si bien no cumplía con el requisito básico —pues había postulantes de cuarta categoría— quedó en noveno lugar entre 18 candidatos en el listado de preselección. Según el acta del Pleno de aquel entonces, su designación fue apoyada por Ulloa, quien le entregó su voto. Así, Basoa quedó en la terna correspondiente y terminó nombrado en octubre de 2019, por el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Requerido el exsecretario de Estado para aclarar este nombramiento al margen de la ley, declinó emitir un pronunciamiento. Solicitó remitir la consulta al exsubsecretario de Justicia, Héctor Mery, quien —a su vez— no ahondó en la materia.

Mery aseguró “no conservar antecedentes” que le permitieran “dar respuesta a las preguntas”. “Durante mi desempeño me correspondió intervenir como jefe de la División Judicial en más de 4.000 nombramientos en el escalafón primario del Poder Judicial, de los cuales unos 950 eran cargos titulares”, se excusó a través de una declaración escrita enviada a este medio.

Curiosamente, Basoa ya había obtenido otros tres nombramientos en un año de la mano de la Corte de Copiapó. Al menos en uno de ellos también fue respaldado por Ulloa, con quien mantenía una estrecha relación. Ambos, según comenta una fuente de la zona, forman parte de un grupo de amigos de fiesta, quienes se hacen llamar “Los del Baco”, en alusión al dios romano del vino del mismo nombre.

De acuerdo a la misma consultada, aquí también figuran el actual fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer; su predecesor, Alexis Rogat; y el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel.

Gestiones para amigo en candidatura a fiscal regional

Más allá de su amistad, Ulloa votó por Rogat en 2016 para persecutor regional, cargo que terminó asumiendo. No sólo eso. En la última elección de persecutor de Atacama, el año pasado, quedaron González y Shertzer en la terna a proponer al fiscal nacional.

Pese a que Ulloa había dejado la Corte de Copiapó en 2021, de acuerdo a fuentes de BBCL Investiga el ministro intervino ante sus excolegas a favor de González. El escogido finalmente por Ángel Valencia fue Juan Andrés Shertzer.

Contactados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, tanto Shertzer como González negaron por escrito haber pedido ayuda a Ulloa para que realizara gestiones en su beneficio. El primero dijo que con el magistrado había mantenido un trato “en el plano profesional, cordial y de respeto mutuo”. El segundo, en tanto, detalló cómo había progresado su relación.

“Con el ministro Antonio Ulloa, al igual que con otros abogados y miembros del Poder Judicial en Atacama, primeramente nos conocimos profesionalmente y luego nos vinculamos dentro de un grupo común de amigos mientras estuvo como ministro en Copiapó“, comentó González.

La opción de que González llegara a fiscal regional, por lo demás, no había caído bien en la zona. Su gestión como persecutor en Copiapó no ha sido bien evaluada por la comunidad. A seis años de su desaparición, aún no hay pistas en la investigación sobre Catalina Álvarez, quien fue vista por última vez en junio de 2019, cuando tenía 16 años. Tampoco hay avances en el caso de Tanya Aciares, que con 14 años desapareció en 2018 y cuyos restos fueron hallados el año pasado.

Ulloa mueve los hilos desde Copiapó

Desde Copiapó, Ulloa también movió los hilos en Santiago para que fuera nombrada Elena Olaya Gahona, en 2019, como jueza del Quinto Juzgado de Garantía capitalino, según fuentes consultadas por BBCL Investiga. La magistrada hasta entonces se desempeñaba en el Tercer Juzgado Civil de Antofagasta.

—Era increíble cómo Ulloa tenía un caballo en todas las carreras —dice una exfuncionaria de una corte capitalina. Según recuerda, antes de que se discutieran los nombramientos, el ministro empezaba a llamar para promover a sus candidatos.

Gahona aparecía solamente en el puesto 12 de 26 en el listado de preselección, pero había sido una activa directora en la Asociación de Magistrados. Ella también formaba parte de la lista “Con los jueces y por los jueces”, con Carroza, Ulloa y Gabriela Varela.

En este caso, la magistrada quedó en la terna con siete votos en la Corte de Apelaciones de Santiago, y luego fue designada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. A partir de entonces, Gahona ha logrado hacer suplencias como ministra tanto en la Corte de Apelaciones de Concepción como en la de Santiago.

Antes de Gahona, Ulloa también había hecho gestiones a favor de Francisco Ramos Pazó, presidente de la Asociación Regional de Magistrados de San Miguel. En 2017, Ramos fue puesto en terna por la Corte de Apelaciones de San Miguel y luego nombrado en el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo a una fuente de BBCL Investiga, entre los mensajes de Ulloa que se encuentran en poder de Fiscalía hay algunos que muestran las gestiones del ministro para los nombramientos tanto de Gahona como de Ramos. Ninguno de ellos estuvo disponible para este reportaje.

El juez de Policía Local que chocó ebrio

En Atacama, la influencia de Ulloa se extendía desde los pasillos de la Corte hasta los más pequeños juzgados.

Una exfuncionaria recuerda que, sin conocerlo, acudió a una fiesta en la que se encontraba.

—Nunca habíamos hablado. A la salida, cuando me iba yendo, empezó a decir que le podía pedir el cargo que quisiera en el Poder Judicial —rememora.

De todas las comunas de Chile, Tierra Amarilla ha sido una de las más golpeadas por la corrupción en los últimos años. Su exalcalde, Mario Moreno, fue condenado en noviembre pasado a 22 años de cárcel por fraude al fisco, asociación ilícita y cohecho. Aparte del jefe comunal, existe otro personaje ilustre dentro de la pequeña comunidad nortina que ha causado polémica a lo largo de los años: Erwuin Valenzuela Torres, el juez de Policía Local.

Durante la madrugada del 10 julio de 2019, Valenzuela chocó un poste del alumbrado público en Copiapó. El magistrado escapó del lugar y luego llamó a Carabineros para pretender que su automóvil había sido robado, pero terminó siendo identificado por un testigo como el responsable del accidente.

Cuando finalmente le realizaron la alcoholemia marcó 0,56 gramos por litro de sangre. El incidente derivó en una investigación administrativa del Poder Judicial. Por suerte para Valenzuela, tenía un santo en la corte.

Tanto Antonio Ulloa como su colega y amigo Pablo Krumm habían votado por Valenzuela en 2016 para la terna correspondiente propuesta al alcalde de Tierra Amarilla. El juez apenas tuvo que enfrentar una sanción de 60 días de suspensión impuesta por la Corte de Apelaciones de Copiapó. BBCL Investiga solicitó vía transparencia al Poder Judicial la resolución de dicho sumario, sin haber recibido respuesta desde el 2 de mayo hasta el cierre de esta edición.

No ha sido el único problema disciplinario de Valenzuela Torres. En 2023 se abrió una indagatoria interna tras una denuncia de la secretaria del juzgado, que lo acusó de haber mentido sobre el estado de tramitación de las denuncias efectuadas por el Servel a propósito de quienes no habían votado en el último plebiscito.

Si bien en un comienzo la Corte de Apelaciones de Copiapó ―donde ya no se encontraba Ulloa― lo sancionó con cuatro meses de suspensión, en mayo de 2024 el Pleno de la Corte Suprema bajó el período a un mes.

En la carpeta del Ministerio Público existen antecedentes de que Ulloa intervino en al menos uno de los procesos sumariales de Valenzuela, intercediendo para que hubiera clemencia con el juez de policía local, comentó una fuente a BBCL Investiga.

Fallos a favor de polémico gobernador

Más allá de los nombramientos, esta Unidad de Investigación pudo comprobar que Ulloa participó en fallos relacionados a, por lo menos, dos personas con las que posee vínculos a través de una sociedad.

Se trata del ex gobernador provincial de Copiapó, Manuel Corrales González (de la Unión Demócrata Independiente), y del juez de Letras de Copiapó, Gabriel Aguilera Sazo.

En 2015, decenas de personas de la zona ―entre las que también estaban el fiscal Juan Andrés Shertzer y el notario local Tomás Jarpa― conformaron cuatro sociedades distintas. Mediante ellas, crearon una quinta sociedad, llamada Bahía Sur Limitada.

De acuerdo a su acta de constitución en el Registro de Empresas del Ministerio de Economía, el objeto de esta sería las “actividades inmobiliarias realizadas a cambio de retribución o por contrata, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas, actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.

En el caso de Corrales, Ulloa participó de cinco fallos con los que se rechazaron recursos de protección en contra de la Gobernación Provincial de Copiapó, cuyo representante legal era el político UDI y socio de Ulloa.

Sin ir más lejos, el magistrado fue el redactor de la sentencia del 30 de agosto de 2019 que rechazó el recurso de la sociedad Complejo Turístico Ecolagarto Limitada contra la gobernación y la Seremi de Bienes Nacionales, que buscaba frenar el desalojo de una toma en la playa de Loreto.

Aunque se impugnaban actuaciones de Corrales mientras fue gobernador, para la fecha de la resolución ya había renunciado a su cargo, luego que se difundieran videos en los que cosificaba a las mujeres: “¿Cómo te gustan: tetonas o rajonas?”, consultaba en un registro.

El único recurso en que el ministro Ulloa votó en contra de Corrales fue uno presentado a título personal contra la Municipalidad de Copiapó y una empresa, por una tala de árboles en el parque El Pretil en 2020.

Sea como sea, la intervención del magistrado se dio pese a que estaba obligado a comunicar que lo afectaba una causal de recusación, específicamente por el numeral 13 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales. El cuerpo legal establece como motivo “ser el juez socio colectivo, comanditario o de hecho de alguna de las partes (…)”, lo que se cumpliría en este caso.

BBCL Investiga intentó contactar al ex gobernador provincial, sin resultados hasta el cierre de esta edición.

Ulloa revisa fallos de socio

El otro socio de Ulloa, Gabriel Aguilera, fue nombrado titular del Primer Juzgado de Letras de Copiapó en octubre de 2013. Hasta ese momento, era secretario del Quinto Juzgado Civil de Santiago, un puesto de quinta categoría. Al igual que Ubaldo Basoa y Gabriela Varela, de acuerdo a la ley, no podía acceder a un puesto de tercera categoría como el que postulaba.

Por supuesto, Ulloa votó por él. Quedó en la terna y luego fue designado por la ministra de Justicia, Patricia Pérez, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera.

En la base jurisprudencial del Poder Judicial existen más de 100 fallos de la Corte de Apelaciones de Copiapó en que se revisaron resoluciones de Aguilera Sazo luego de 2015, cuando se convirtió en socio de Ulloa a través de Bahía Sur Limitada.

La primera de ellas, en agosto de ese año, rechazó un recurso de hecho interpuesto por la Sociedad Contractual Minera Comet Exploration Chile contra una determinación de Aguilera, quien declaró improcedente un recurso de apelación. En el fallo unánime, Ulloa aparece dentro de los firmantes.

Entre los recursos revisados por BBCL Investiga, no hay constancia de que Ulloa haya manifestado que lo afectaba un motivo de recusación.

La amistad con los notarios

Otro de los asociados a Bahía Sur Limitada es Tomás Jarpa Concha, quien se convirtió en notario de Copiapó en 2013, tras haber contado con el voto a favor de Ulloa para la terna respectiva.

Según fuentes de la zona, los notarios que pasaron por el área forman parte de la red de amistades del ministro. Entre ellos, mencionan a Luis Manquehual ―quien desde 2017 sirve en la Octava Notaría de Santiago― y a Patricio Corominas, actual notario de Lo Barnechea.

Conocidos son los chats en que el juez de la Corte Suprema, Mario Carroza, le pidió en 2021 al ministro de Copiapó Juan Poblete su voto para que Corominas fuera nombrado en la Quinta Notaría de Copiapó, con asiento en Tierra Amarilla, por petición de Ulloa.

―Hay un concurso de notario de Copiapó con asiento en Tierra Amarilla en el cual no alcanzaré a votar, y quería votar por un exalumno y ayudante de derecho procesal en la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Aylwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krumm ―reza el mensaje redactado por Ulloa, que fue reenviado por Carroza a Poblete y luego publicado por Ciper.

Tan sólo un año duró Corominas en su nuevo puesto. Al siguiente, postuló a la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en Lo Barnechea, ubicándose en el octavo puesto entre los 14 postulantes en el listado de preselección. En esa ocasión, el ministro Ulloa sí pudo votar por su exayudante, quien obtuvo 16 preferencias, quedó en la terna de la Corte de Apelaciones de Santiago y fue designado por el Ministerio de Justicia.

El notario papito corazón

La lista se abulta. Franco Lavín Ruiz había estado durante años buscando su nombramiento como notario titular. Suplente en La Cisterna entre 2017 y 2019, había tenido una oportunidad de oro cuando en ese último año quedó en terna para el asiento de Pirque. Sus intenciones, sin embargo, se borraron de golpe: la elegida terminó siendo Gloria Jacome Sepúlveda, la ex asistenta personal del poderoso ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Para 2022, la historia fue diferente. Cuando postuló a la plaza de Chile Chico, Lavín tenía su propio poderoso respaldo: su amigo Antonio Ulloa. El ministro había sido profesor en la Universidad Alberto Hurtado de Lavín, y se habían convertido en cercanos desde entonces.

A pesar de que aparecía en el puesto 11 de 13 en la preselección, terminó siendo escogido en la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y, finalmente, elegido por la ministra de Justicia de la época, Marcela Ríos.

Al igual que en otros casos anteriormente mencionados, hay constancia entre los mensajes de Ulloa en poder del Ministerio Público de que el ministro Ulloa intervino a favor de Lavín para que quedara en la terna, asegura una fuente de BBCL Investiga.

No obstante, en este caso la historia tuvo un último giro. Si bien el Ministerio de Justicia envió el decreto correspondiente a Contraloría el 19 de noviembre de 2022, seis días después lo retiró.

¿El motivo? Según información recopilada por BBCL Investiga, en ese período se enteraron al interior de la cartera de que Lavín Ruiz tenía una multimillonaria deuda de pensión de alimentos.

Un sumario abierto después de casi un año

La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó conversar con el ministro Antonio Ulloa por intermedio de comunicaciones del Poder Judicial, pero informaron que el juez “no se referirá al tema mientras no termine el proceso disciplinario completo”.

Igualmente, se excusaron de contestar a las consultas de este medio los jueces Elena Olaya Gahona, Francisco Ramos, Gabriela Varela y Gabriel Aguilera. Los dos últimos manifestaron que no se referirían al tema dado que estaba “pendiente un sumario en contra del ministro Ulloa que versa sobre las materias señaladas”, según informaron desde comunicaciones.

De acuerdo a los antecedentes recabados por BBCL Investiga, ninguno de estos casos forma parte de los cargos formulados en la indagatoria interna substanciada por la fiscal judicial Javiera González, por la que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó a la Corte Suprema abrir un cuaderno de remoción el pasado 12 de junio.

Por otro lado, se intentó contactar por diferentes medios a los notarios Patricio Corominas, Luis Manquehual y Tomás Jarpa; al abogado Franco Lavín; a los jueces Ubaldo Basoa y Erwuin Valenzuela; al exfiscal Alexis Rogat y al ex gobernador provincial Manuel Corrales, sin haber recibido respuestas hasta el momento.

Además, se enviaron solicitudes de transparencia por 17 documentos relativos a los nombramientos y los sumarios mencionados en este artículo que no se encontraban disponibles en la página del Poder Judicial, de los que se recibieron sólo ocho.

A pesar de que en los pasillos del Poder Judicial se conocían las operaciones de Ulloa, la Corte Suprema demoró casi un año en ordenar la indagatoria contra el influyente magistrado. Si los chats con Hermosilla se difundieron en marzo de 2024, la apertura del sumario se concretó apenas en enero de 2025.

Probablemente, algún ministro de la máxima magistratura recordó sus propios vínculos con el penalista, o con el mismo Ulloa.