por AdnRadio
17 de julio de 2025
El debate por el voto migrante se reactivó con fuerza luego de que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar un proyecto que establece multas de hasta $210.000 por no votar, pero solo para ciudadanos chilenos, excluyendo a los migrantes habilitados para sufragar.
La medida, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), ha sido duramente criticada por diversas organizaciones de migrantes, quienes acusan una “discriminación encubierta” y un intento por reducir su participación en las próximas elecciones.
Actualmente, más de 780 mil personas extranjeras están habilitadas para votar en Chile, según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y están legalmente obligadas a sufragar. Sin embargo, el nuevo proyecto modifica esa lógica, dejando fuera de la sanción a quienes no tienen nacionalidad chilena.
“Tremendamente discriminatorio”
“Es tremendamente discriminatorio. Abre la puerta para crear ciudadanías de segunda categoría”, declaró Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), según La Tercera.
Rojas además criticó los discursos de algunos parlamentarios, como los del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien ironizó sobre la participación de venezolanos en los comicios nacionales, señalando que “no queremos que nuestra política sea de arepa y ron”.
Rojas también cuestionó la dificultad de acceder a la nacionalización en Chile: “Llevo 14 años en el país, estoy casada con un chileno y tengo una hija chilena. Hace dos años espero una respuesta a mi solicitud de nacionalización”.
Desde el Consejo de la Sociedad Civil de Migraciones (Cosoc), su presidenta Michel-Ange Joseph sostuvo que el debate “es una distracción” frente a las verdaderas necesidades de la población migrante, como el acceso a documentos para poder votar.
“Hay un temor mal fundado”
Por su parte, Gabriela Hilliger, jefa jurídica del SJM, alertó sobre el momento político en que se impulsa esta reforma. “El ‘timing’ me conflictúa. Justo antes de una elección, y con encuestas en mano, se discute esto. Cuesta justificar que no aplicar multas a los migrantes no sea una forma de discriminación arbitraria”, dijo.
Desde la comunidad colombiana, María Elena Osorio enfatizó que los migrantes no son un grupo homogéneo. “Hay un temor mal fundado en que los migrantes apoyaremos a la derecha. Muchos escapamos de gobiernos autoritarios. Nuestra participación es parte de esta sociedad”, sostuvo.
Aunque el proyecto aún debe pasar nuevas etapas legislativas, las comunidades migrantes han anunciado que seguirán de cerca su tramitación y no descartan acciones legales. Como resumió Rojas: “El derecho al voto no es un capricho, es un derecho constitucional”.
